El superintendente de la Policía, José Caldero, deberá informar cualquier nombramiento, designación, promoción o cambio de personal al monitor federal de la Reforma de la Policía de Puerto Rico y a los departamentos de Justicia estatal y federal con anticipación.

Así lo ordenó este viernes el juez federal Gustavo A. Gelpí.

"El Superintendente de la Policía deberá, a partir de esta fecha, informar al TCA (asesor técnico de cumplimiento), y a los departamentos de Justicia de Puerto Rico y de Estados Unidos, de todo nombramiento de personal, promociones, y cambios dentro de la Policía de Puerto Rico. Dicha información deberá ser comunicada inmediatamente al momento de contemplar la decisión y/o realizarla, y antes de que llegue la fecha de la transacción", señaló Gelpí.

También se desprende del expediente del caso que el gobierno estatal pagó los $1.5 millones correspondientes al gasto operacional de la oficina del asesor de cumplimiento técnico (TCA) de la Reforma, incluyendo el salario de $215,000 anuales de Arnaldo Claudio, pero se hace la salvedad que los fondos estarán disponibles después del 10 de julio.

En julio es que comienza a operar el presupuesto del nuevo año fiscal 2014-2015.

Ayer, jueves, las partes en el caso emitiaron una moción conjunta estipulando los gastos de oficina y del monitor, que sumarían $1.6 millones de junio de 2014 a junio de 2015, incluyendo el salario de Claudio. Se aclaró que el presupuesto no debe exceder $1.5 millones durante los primeros tres años, manteniendo en reserva $100,000 anuales.

El monitor deberá tener personal de oficina, por lo menos un administrador, y el Departamento de Justicia local le proveyó un espacio en el edificio World Plaza, localizado en la avenida Muñoz Rivera, en Hato Rey, con una renta de $3,000 mensuales. También le asignó dos guaguas usadas para uso del monitor y su personal.

Claudio, quien es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y puertorriqueño, fue confirmado el 5 de junio como asesor técnico a cargo de velar por el cumplimiento de la reforma de la Policía de Puerto Rico. Fue designado por los departamentos de Justicia federal y estatal, y confirmado por Gelpí.

Su posición no está bajo contrato con la Policía ni los departamentos de Justicia, sino que sirve como oficial del Tribunal Federal de Puerto Rico. Su compensación salarial es pagada con fondos aportados por el Estado Libre Asociado.

La reforma de la uniformada fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. Dicho proceso se inició a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.

El acuerdo contempla cuatro áreas básicas, que son: readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva de los agentes; interacciones para que no hayan prácticas discriminatorias a la hora de los arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad, reuniéndose periódicamente y atender sus reclamos en 90 días; e implementar sistemas de información y tecnología.