No los quiere en la Junta.

El representante Rafael “Tatito” Hernández denunció un posible conflicto de interés con el nombramiento de Carlos García como miembro y Bill Cooper como director de la Junta de Control Fiscal designada por virtud de la Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), aprobada en junio por el presidente estadounidense Barack Obama.

“El propósito de la legislación, desde el principio, era la transparencia en el proceso”, explicó Hernández en conferencia de prensa. “Las personas que son miembros de esta junta que lo que está buscando es precisamente el desarrollo económico de Puerto Rico y reestablecer las finanzas públicas y los criterios que se establecieron para poderlos nombrar especifican que no pueden haber sido miembros del gabinete ni actualmente ni en funciones como legislador o funcionario, todo para evitar conflictos de interés. Por lo tanto, esto inhabilita el nombramiento de Carlos García como miembro de la Junta de Control Fiscal”.

García estuvo envuelto en transacciones con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), “corporaciones públicas que hoy están quebradas”. Según Hernández, García, quien se desempeñó dos años como presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), queda “inhabilitado” para laborar en la Junta porque durante su incumbencia “se gestionaron sobre $18,500 millones de la deuda, lo que representa alrededor del 25% del total de la deuda actual, que hoy resulta ser impagable y que ha traído como consecuencia la situación actual”.

“Esta administración establece que toda la deuda se tiene que analizar como un todo, pero la Ley Promesa aclara que cada deuda se analizará una a una y establece un mecanismo que no limita las demandas entre acreedores y el Estado”, señaló Hernández. “Si tienes una persona que precisamente en ese proceso estuvo emitiendo deuda, estuvo haciendo contratos, tiene un conflicto directo con el proceso legal que se está tramitando”. 

Uno de los mayores conflictos, al sentir de Hernández, es con las gestiones financieras de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). “Como asesor fiscal no solo emite la deuda y representa a Puerto Rico en las transacciones, sino que también endosa las deudas de las corporaciones públicas. En el caso de COFINA solamente, modifica sus primeros seis meses el porciento que se pagaba en el pago de obligaciones, de 1% a 2.25% en menos de tres meses. Esto está siendo retado en los tribunales, donde acreedores están estableciendo a quién se le tiene que pagar primero. Hay un debate con las transacciones que él estructuró y que fueron pase del proceso financiero y en el caso de COFINA fueron $8,300 millones”, explicó el legislador.

Por otra parte, Hernández mencionó a Bill Cooper como uno de los que se está escuchando como posible director ejecutivo de la Junta, y “quien representó (a nivel federal) hasta el 2014 la industria de emisión de gas natural, pero hay una enmienda técnica dentro de la Ley Promesa que crea mucha suspicacia que establece (en su sección 503) que ‘se hará expedita la diversificación y conversión de fuentes de combustible para generación eléctrica de petróleo a gas natural y fuentes renovables en Puerto Rico, como está definido en las leyes aplicables de Puerto Rico’”.

Según una carta cursada a Obama el viernes pasado, Cooper fue uno de los redactores de Promesa y “nadie puede esperar que el autor de una ley sea luego electo para implementarla. Esto, en efecto, pone la acción legislativa y ejecutiva bajo el mismo individuo”. Agrega que “al añadir la sección 503 se ve un claro conflicto de interés porque mientras escribía Promesa escribió en la ley una previsión para promover el gas natural, luego de haber tenido ataduras directas con esta industria y cuando la ley sea implementada beneficiará grandemente la misma industria de la que fue responsable hasta el 2014”.

Hernández fue claro en que no cree en la Ley Promesa, pero “está dispuesto a trabajar en equipo para que se logren resultados lo más rápido posible, y se pueda sacar a Puerto Rico de la crisis en que se encuentra”.