La directora del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños –WIC por sus siglas en inglés, Dana Miró justificó las medidas recientes de su dependencia en el área de control de gastos, esto a pesar de que hay denuncias de que podrían causar el cierre de comercios.

Reconoció que unos 65 negocios ya no son parte del programa WIC, pero esto se debió a irregularidades detectadas en esos establecimientos. 

“El Control de Costos que estamos implementando no es una prerrogativa del programa WIC en Puerto Rico, sino una directriz del Gobierno federal que, de no cumplirse, pondría en riesgo la autorización que tienen actualmente los Comercios ‘Above 50’ que proveen servicios a participantes del programa federal”, dijo Miró en declaraciones escritas.

Según la agencia, en el 2011 el gobierno federal advirtió de imponer sanciones de sobre $13 millones por la  pobre supervisión a los comercios WIC. La dependencia tomó diversas medidas que conllevaron un control de costos para evitar situaciones donde algunos comercios ponían precios diferentes a los precios predominantes en el mercado.  Este programa se encuentra en la actualidada operando bajo un acuerdo de cumplimiento federal y aun se exponen a sanciones, aunque en la actualidad el monto de la posible sanción sería de $6.4 millones.

Mediante comunicado de prensa, Miró agregó que conoce las "inquietudes de los comerciantes" en cuanto al Control de Costos porque se han reunido con ellos en un sinnúmero de ocasiones, pero reiteró que "dichos controles son requisitos establecidos, única y exclusivamente, por el gobierno federal,  dueños de los fondos asignados para el manejo de los beneficios médico-nutricionales que se les otorgan a los participantes de WIC que incluyen embarazadas, madres lactantes, posparto, infantes y niños.  Nuestro rol es certificar que se cumpla con los requisitos que ellos exigen”.

Añadió que para ser proveedor de dichos servicios, los interesados deben ser autorizados por WIC con un debido proceso de selección, por lo que los comercios que quieran participar “tienen que ajustarse a las reglas federales del juego”.

En cuanto a alegaciones de comerciantes del impacto de posible cierre de negocios, Miró insistió en la necesidad de cumplir con los estándares federales

“No es cierto que los estándares que hemos implementado para cumplir con el Gobierno federal hayan sido los elementos para que (tuvieran que cerrar) unos 65 comercios", indicó Miró en su comuinicado de prensa

"WIC no tiene la potestad de cerrar comercios.  Hemos sido claros en que esos comercios desactivados durante el periodo de octubre de 2015 a agosto de 2016, no responden a  decisiones arbitrarias de WIC como él alega, sino a irregularidades de esos comercios identificadas por el Programa, lo que nos ha obligado a desautorizarles las ventas de productos WIC en sus establecimientos.   Estas irregularidades han redundado en multas por sobrecargos y señalamientos por no estar operando en el horario requerido,  entre otras situaciones”, añadió Miró.

La Directora de WIC en Puerto Rico añadió entre otras razones,  la renuencia de algunos comercios en no someter la encuesta de precios o ventas brutas, la no aceptación de precios competitivos y la ausencia a los adiestramientos mandatorios.  Otros han desactivado su negocio por  decisión personal.  

“Insisto. En WIC no cerramos negocios.  Ellos mismos se desautorizan por no cumplir con las directrices federales”, apuntó.

Puerto Rico recibe $189,182,060, anualmente, para los cheques de alimentos bajo WIC, según se indicó.