El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo que toda la evidencia recopilada hasta el momento apunta a que la exsecretaria de la Familia (DF), Yanitsia Irizarry, ordenó que se cerraran miles de querellas de maltrato de menores durante el cuatrienio pasado a pesar de que no se habían investigado.

“Ya está claro que sí, se archivaron miles de querellas sin ser investigadas. Una instrucción que bajó de secretaría de diferentes regiones. Ese hecho ocurrió y toda la evidencia apunta a que las únicas personas con el poder para dar esa instrucción son dos puestos diferentes, y resulta que ambos puestos estaban ocupados por la misma persona: Yanitsia Irizarry”, expresó el líder cameral.

Perelló hizo esta aceveración en un aparte con la prensa, tras participar este martes en una vista pública de la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza, que preside la representante Luisa “Piti” Gándara, y que investiga las circunstancias en las que 42,142 querellas se quedaron sin atender durante la pasada administración.

“Toda la evidencia es que hubo una instrucción a nivel de secretaria o secretario de la Familia para mandar a archivar miles de casos que no fueron investigados, con las consecuencias nefastas que hemos visto de niños siendo abusados física y sexualmente por términos mucho más prolongados por una acción irresponsable de una sola persona para tratar de evitar demostrarle al país su ineficiencia frente al DF”, expresó el líder cameral.

“Como no pudo actuar bien, dijo 'voy a cambiar las estadísticas para mi beneficio'. Y eso obviamente tiene que tener consecuencias serias para quien ha dado la orden, y toda la evidencia apunta a la secretaria de la Familia”, agregó Perelló al salir del salón de audiencias, quien insistió en que la exfuncionaria debe responder por sus actos ante las autoridades.

“Cualquier persona que tuvo una determinación como esta y que el efecto es poner en peligro la vida y la seguridad de miles de niños en Puerto Rico, tiene que tener unas consecuencias directas sobre la persona. Estamos hablando de una acción que iba directo a quitarles la protección a miles de niños que estaban siendo abusados física y sexualmente y eso tiene que tener consecuencias serias para quien se atrevió a dar esa instrucción”, destacó Perelló.

Además de la Cámara de Representantes, el Senado, el Departamento de Justicia y el propio DF también investigan lo ocurrido con las 42,142 querellas.

La jefa de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Vanessa Pintado Rodríguez, depuso este martes en la tarde durante la primera vista pública para investigar este problema. La abogada dio a entender que si se hubiera dado una instrucción para cerrar casos sin investigar, esta habría tenido que venir de la persona que dirigiera Adfan o quien ocupara la secretaría del DF.

“Podría ser, si hubiese ocurrido así”, expresó Pintado Rodríguez a preguntas de Perelló sobre si la instrucción habría tenido que venir de la jefatura del DF o Adfan.

“Los directores regionales le responden a la secretaria, los directores asociados le responden a la administradora de Adfan. Y no se toman decisiones de ese tipo como manera ordinaria, como regla general, sin que venga avalado por la persona que debe estar a cargo de la política pública”, reiteró.

Asimismo, la funcionaria comentó que hay unos correos electrónicos que contienen información sobre el cierre de los casos.

“¿Hay una serie de evidencias que surgen donde hubo una acción directa de afectar las estadísticas de Familia, no por haber investigado, sino por simplemente cerrar los casos sin ningún tipo de investigación?”, preguntó Perelló durante la vista.

“Hay unos correos electrónicos que así lo establecen”, contestó Pintado Rodríguez.

Como parte de su ponencia, la funcionaria enumeró algunas de las posibles causas en el atraso de la investigación de querellas de maltrato. Entre estos factores mencionó la falta de personal y recursos en el servicio de protección social, la falta de un administrador dedicado solamente a la Adfan en los pasados cuatro años, y el despido masivo de personal de apoyo como secretarial, asistentes de servicio, conductores y empleados administrativos como parte de la implantación de la Ley 7 de 2009.

"El despido injustificado de trabajadores sociales en puestos de directores asociados desarticuló la capacidad administrativa de regiones con la mayor incidencia de maltrato, tales como la de San Juan y Bayamón para monitorear, planificar e implantar las estrategias necesarias para atender los referidos que se recibían a diario y que se estaban acumulando", indicó.

También mencionó que la creación de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) causó un desfase en la investigación de las querellas porque funcionaba como un ente paralelo que absorbió personal investigativo, equipo electrónico y los vehículos disponibles.

 "Se sacó personal para descatarlo en esa oficina. Tenían equipo tecnológico nuevo, uniformes, vehículos. Era como una guardia pletoriana... En la práctica estaban para atender los casos que generaban prensa", indicó Pintado Rodríguez sobre la URR.

Según la funcionaria, otro problema que encontró al llegar a Adfan fue la ausencia de documentos y estadísticas sobre la labor realizada en el cuatrienio pasado -dijo que las estadísticas más recientes datan del 2008- y la falta de uso del sistema de información electrónico de la agencia.

"Este sistema se instaló en el 2006 y desde entonces no ha tenido grandes avances debido a la falta de cultura de mecanización de los empleados y la supervisión efectiva en el uso del mismo", indicó.

La abogada detalló el plan que ha implantado para atender las querellas que hallaron en diciembre sin investigar. Indicó que en la fase I, que se completó el 30 de abril, investigaron 5,175 querellas de abuso sexual y maltrato físico a menores de entre 0 a 7 años.

La fase II, que inició el 1 de mayo pasado, va dirigda a atender las 4,991 querellas de abuso sexual y maltrato físico contra menores de 8 a 17 años, y las 17,046 querellas de negligencia contra menores de o a 7 años.

 La fase III irá dirigida a investigar 14,928 querellas de negligencia contra menores de entre 8 a 17 años.