Transportistas turísticos a la carga contra choferes de Uber

Por Maribel Hernández Pérez 11/28/2016 |02:52 p.m.
La Compañía de Turismo, aclaró, que es la agencia que tiene jurisdicción exclusiva sobre las áreas de interés turístico en términos de la transportación terrestre sobre el DTOP y la CSP y que para cumplir la ley tiene a su disposición a la Policía y al Departamento de Justicia. (Archivo)  
Radicarán un centenar de querellas ante la Compañía de Turismo

Transportistas turísticos terrestres que incluye a taxistas, dueños de limosinas y de guaguas de excursiones anunciaron hoy la radicación de cerca de un centenar de quejas ante la Compañía de Turismo contra choferes de la compañía Uber por violaciones a la Ley 282 por operar fuera de las zonas designadas. 

El licenciado Ángel Marrero, en representación de José Poupal, Presidente y CEO de compañía Executive Solutions, que tiene alrededor de 25 empleados, junto a otros transportistas turísticos anunciaron que en un período de una semana se ha recopilado evidencia para la radicación de una queja que eventualmente se convertiría en una querella y luego en una denuncia que si se prueban conllevarían multas de hasta $5,000 por infracción contra los choferes de la compañía Uber.

“Tenemos alrededor de 89 o 90 querellas perfeccionadas y otras en proceso, que se pudieron completar con evidencia irrefutable de que se está violando la ley en Puerto Rico a diestra y siniestra y cuando digo que se está violando la ley es que se están cometiendo delitos tipificados como delitos por la Ley 282 que gobierna la compañía de turismo y aquí no está pasando nada”, comentó el licenciado Marrero.

Agregó, que se trata de delitos menos grave que cometen los choferes de la compañía privada, incluso ante la presencia de miembros de la Policía al operar este servicio de transporte en las áreas de restricción cobijadas por la Ley 282 que son Condado, Isla Verde y toda el área de la isleta de San Juan, sin excepción.

“Operar, ofrecer, incitar siquiera a la violación de esta ley que dice que todas las zonas turísticas de Puerto Rico su transportación turística terrestre es gobernada por esta ley todo aquel que opere sea persona privada o sea empresa comete una infracción”, detalló Marrero.

La Compañía de Turismo, aclaró, que es la agencia que tiene jurisdicción exclusiva sobre las áreas de interés turístico en términos de la transportación terrestre sobre el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Comisión de Servicio Público (CSP) y que para cumplir la ley tiene a su disposición a la Policía y al Departamento de Justicia.

Marrero, reveló que la semana pasada mientras estaban reunidos con la Policía se difundieron unas expresiones de la Compañía de Turismo diciendo que estaba en conversaciones con esa agencia, sin embargo, los oficiales les expresaron que nadie había hablado con ellos sobre los alcances de la Ley 282.

Ley 282 de Transportación Turística, del 19 de diciembre del 2002, se crea a los fines de delegar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, todas las funciones sobre la reglamentación, investigación, fiscalización, intervención y sanción de aquellas personas o entidades jurídicas que se dediquen a proveer servicio de transporte turístico terrestre.

Marrero indicó que en representación de su cliente radicó un Interdicto y Mandamus contra la Compañía de Turismo el 14 de noviembre porque había ido fuera de Puerto Rico a una conferencia de agencias de viajes a promover la Compañía Uber.

“Con el Injunction le pedíamos al Tribunal que le ordenara a (la Compañía de) Turismo que cesara continuar promoviendo a esa empresa. En los méritos del caso no había defensa alguna porque había unas diapositivas que Turismo estaba presentando en una conferencia de agencias de viajes fuera de Puerto Rico, pues se comprometieron a no volver a hacerlo. En el Mandamus le pedimos al Tribunal que le ordenara a Turismo cumplir y hacer cumplir la Ley 282 que es la que gobierna y el resultado fue que la Compañía de Turismo se comprometió a hacerlo y en diez días enviarnos un plan detallado de cómo lo íbamos a hacer”, señaló Marrero.

El licenciado, agregó que la agencia incumplió con la orden del tribunal ya que el 24 de noviembre solo les envió una carta y no un plan detallado, lo que entiende que podría constituir un desacato civil a la orden del tribunal. Una vez lo discuta con su cliente, que se encuentra fuera de Puerto Rico, tomaría la decisión de decidir si acudirían nuevamente al tribunal contra la agencia. 

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