El Tribunal Supremo emitió esta noche una resolución en la que declara con lugar la paralización de la ley que modificó el Sistema de Retiro para Maestros (SRM), aprobada en diciembre pasado.

"Se declara con lugar la moción para paralizar los efectos de la Ley Num. 160 de 24 de diciembre de 2013 hasta tanto otra cosa se disponga por este Tribunal", señala la resolución en respuesta al reclamo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y otros gremios magisteriales.

La decisión del Tribunal Supremo surge a horas del inicio de un paro decretado por los maestros de las escuelas públicas en repudio a los cambios aprobados a fines de 2013 por la Legislatura y firmados de inmediato por el gobernador Alejandro García Padilla para modificar el sistema de pensiones de los educadores ante un millonario déficit actuarial acumulado por años.

La determinación del alto foro declara con lugar la petición de certificación intrajurisdiccional hecha por los maestros, lo que les permite intervenir en este asunto, antes de que los reclamos se diluciden en foros de menor instancia.

La decisión fue celebrada por la AMPR, cuya presidenta, Aida Díaz, de inmediato se pronunció jubilosa. Sin embargo, el gobernador Alejandro García Padilla la consideró "particularmente peligrosa".

“Hemos recibido la buena noticia de que los efectos de la ley que reformó el retiro de los maestros fueron paralizados hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión final. Que quede claro, esto no detiene los planes de paro y lucha que se está llevando a cabo. Por el contrario, ahora tenemos que ser más contundentes en el mensaje que el magisterio tiene que llevar como reclamo de justicia", sostuvo Díaz.

García Padilla, mientras, sentenció que "la resolución emitida por el Tribunal Supremo es particularmente peligrosa, aún más en el momento histórico que vivimos, puesto que, como se sabe, nuestra voluntad para salvar el retiro de los maestros es uno de los elementos que están siendo evaluados en relación al crédito del país. Por tanto, el Tribunal Supremo debe atender este importante asunto con celeridad. Cada cual debe asumir su responsabilidad suprema con Puerto Rico".

Díaz, por otro lado, puntualizó que "mañana (miércoles) todos tenemos que estar presentes a partir del mediodía frente al Departamento del Trabajo”, donde han convocado a una manifestación multitudinaria en repudio a los cambios legislados en las pensiones de los educadores de las escuelas públicas.

El Tribunal Supremo designó al juez Ángel Pagán Ocasio, que atiende este caso en el foro primario, como comisionado especial que recibirá prueba sobre las alegaciones de los peticionarios que impugnan el citado estatuto.

Pagán Ocasio deberá efectuar una vista evidenciaria, rendir un informe con determinaciones de hecho y cualquier evidencia documental relevante en o antes del 7 de febrero.

El gobernador, en declaraciones escritas transmitidas poco después de las 9:30 p.m., dijo que "salvar el retiro de maestros y garantizarles una pensión adecuada de acuerdo a la realidad fiscal del país es un asunto que reclama mucho sentido de responsabilidad. Igualmente, lo reclama salvar el crédito de Puerto Rico".

De inmediato, reafirmó la precaria situación fiscal de la Isla. "La situación fiscal heredada de la pasada administración ha requerido decisiones difíciles, pero necesarias que se han asumido por las Ramas Ejecutiva y Legislativa. Los tiempos requieren de una gran generosidad intelectual y de responsabilidad histórica de la Rama Judicial. Recaerá en la conciencia de cada integrante de las ramas constitucionales actuar en beneficio del pueblo puertorriqueño separándose de intereses particulares", argumentó el mandatario.

División en el alto foro

La polémica resolución no fue aprobada por unanimidad. El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, así como las juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta expresaron divergencias ante el reclamo magisterial. Mientras, el juez asociado Luis Estrella emitió un voto particular de conformidad al que se unieron los jueces asociados Mildred Pabón Charneco y Erick Kolthoff. Además, el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón se inhibió.

Hernández Denton consignó que "está conforme con acoger la petición de certificación presentada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico y nombrar al juez Hon. Ángel Pagán Ocasio como comisionado especial para que celebre una vista evidenciaria y nos presente sus determinaciones de hecho, no más tarde del 7 de febrero de 2014. Sin embargo, pospondría nuestra decisión sobre paralizar los efectos de la Ley Núm 160 de 24 de diciembre, hasta que se celebre la vista evidenciaria y este Tribunal cuente con el informe realizado por el Comisionado Especial".

El juez presidente del Tribunal Supremo aludió a la importancia de contar con el informe del comisionado especial y así seguir la normativa en caso de un recurso extraordinario del injunction, que establece que "no debe concederse sin haberse celebrado una vista previa". La jueza Fiol Matta acogió el mismo planteamiento de Hernández Denton.

La jueza asociada Rodríguez, exsecretaria de Justicia, mientras, hizo constar que proveería no ha lugar al recurso de certificación. No obstante, expresó que ordenaría al juez de primera instancia atender el asunto expuesto por los maestros con premura.

Rodríguez "disiente de que se ordene la paralización de una legislación que no ha entrado en vigor, emitiendo para todos los efectos un injunction sin celebrar una vista previa".

Reaccionan los legisladores

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo que acatará la determinación del Tribunal Supremo, pero reiteró su posición de que la Ley 160 no choca con la Constitución del Estado Libre Asociado Puerto Rico.

“La determinación del Tribunal Supremo de paralizar la Reforma de Retiro de Maestros es una acción procesal y como tal la respetamos, pues no significa una adjudicación en sus méritos”, sostuvo Perelló en un comunicado de prensa.

“La Reforma de Retiro de Maestros, así como la Reforma de Retiro de la Judicatura es constitucional y es una medida trascendental para atender la crisis fiscal que enfrenta el país. Confío en que una vez se analicen en sus méritos, la constitucionalidad de ambas reformas sea validada por nuestro más alto foro judicial”, insistió.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, le dio la bienvenida a la decisión del alto foro judicial, pero subrayó que todavía queda trabajo por realizar.

"Esta es una buena señal, pero no es una determinación final”, indicó Santiago en declaraciones escritas.

“Hay que continuar, ahora con más brío y esperanza, la movilización para mañana al Departamento del Trabajo en Hato Rey", agregó la senadora pipiola.