Ponce. La jueza superior Rosaline Santana Díaz le ordenó al Municipio Autónomo de Ponce entregarle al asambleísta popular Luis Irizarry Pabón la lista de los puestos que se han contratado en el ayuntamiento desde el año fiscal 2012-13 hasta lo que va del 2015-16.

La sentencia dictada el 4 de abril y notificada a las partes el 6 de abril establece que el gobierno municipal de Ponce tiene 20 días para cumplir con la orden, término que vence el 26 de este mes.

Irizarry Pabón, único representante del Partido Popular Democrático en la Asamblea Municipal de Ponce, le había solicitado a la administración de la alcaldesa novoprogresista María Meléndez Altieri que le proveyera una lista de los empleados contratados durante este cuatrienio, con sus departamentos y salarios asignados.

Ante la negativa de Meléndez Altieri de entregar la información, aduciendo razones de confidencialidad, el legislador de minoría acudió al tribunal. Su argumento para solicitar tales documentos se centra en su labor fiscalizadora, pues sostiene que la alcaldesa ha contratado personal nuevo mientras mantiene a mitad de jornada laboral a los empleados regulares.

La jueza Santana Díaz concluyó que el municipio tiene que proveer la lista de los puestos contratados, los departamentos a los que pertenecen y la compensación económica que reciben. No obstante, la divulgación no incluye revelar los nombres de los empleados ni darle acceso al asambleísta municipal a los expedientes laborales de estos.

“Este tribunal ha examinado la solicitud de la parte demandante dentro del contexto del ordenamiento sustantivo antes consignado en conjunto con la posición de la parte demandada en torno a la confidencialidad de los expedientes de los empleados municipales. En función de dicho análisis concluimos que procede que se le produzca al legislador municipal de minoría aquí demandante la información que solicita con excepción de los nombres de los empleados”, estableció Santana Díaz.

“Por tanto, el MAP deberá entregar a la parte demandante la información de los puestos por categoría -entiéndase si el puesto es de carrera, confianza, transitorio, irregular, por convenio o ley-, el departamento al que están adscritos y los salarios que corresponden a cada uno de los puestos para los años fiscales 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016”, lee la sentencia.

De incumplir con la orden del tribunal, el municipio se expone a ser multado en $50 por cada día de atraso, advirtió Santana Díaz.