Como un triunfo para los consumidores fue descrita la sentencia emitida el pasado viernes por el Tribunal de Apelaciones que determinó la paralización del programa de inspección de furgones en los muelles.

Según un comunicado de prensa de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el Tribunal falló en contra del gobierno debido a que el reglamento de la Autoridad de los Puertos (AP) venció en julio de 2014 y no fue renovado conforme a la ley.  

El Tribunal ordenó a la AP que cese y desista de inmediato la ejecución del reglamento, lo que por el momento paraliza el proceso inspección y el cobro de los cargos que esto conlleva. 

La decisión del Tribunal surge a consecuencia de la impugnación por parte de la MIDA de las acciones de la AP, cuando el pasado 6 de septiembre intentó aprobar una extensión del reglamento vencido hace más de dos años y hacerlo de manera retroactiva, contrario a lo dictaminado por la ley. 

Según estimados de MIDA, la anulación de este cargo, le ahorrará millones de dólares al consumidor puertorriqueño, que hasta ahora ha pagado sobre $100 millones por un programa que no ha cumplido con su objetivo.  La mayor parte de esos fondos se le pagan a una empresa del exterior y por ende, salen de la Isla.

"El programa de inspección y cobro de furgones comenzó en el 2009 a un costo anual aproximado de $20 millones, por lo que hasta el momento ha costado sobre $100 millones, precisamente en el momento de mayor crisis económica de la Isla", aseveró Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de MIDA.  

Este recalcó que MIDA ni y el resto del sector privado se oponen a que se mejore la seguridad de los puertos e incluso a que se hagan inspecciones.  “Lo que ha objetado el sector privado desde el inicio es que se cobre por ello, lo que el gobierno federal no hace, o que se intente inspeccionar innecesariamente el 100% de los furgones, utilizando un método inefectivo que en seis años no ha detectado prácticamente nada.  Pero en esta ocasión lo que se planteó al tribunal es que continuaron cobrando a pesar de habérseles notificado que el reglamento estaba vencido desde el 2014”, indicó.

“Existen otras alternativas como el programa ASYCUDA que Hacienda está implantando con el que puede identificar en qué furgones existe algún nivel de riesgo y enfocar los pocos recursos en estos.  Así es que lo hace Aduanas Federal, sin cobrar, y quienes han demostrado ser más efectivos.  De hecho, la realidad es que el gobierno federal ya está invirtiendo millones de dólares en éstas áreas por lo que este programa ha sido una duplicidad”, agregó.