La Unión General de Trabajadores (UGT) reveló hoy, miércoles, que evalúa la posibilidad de presentar un recurso judicial de revisión de la ley que modificó el principal sistema de retiro de los empleados gubernamentales, tras el fallo favorable del Tribunal Supremo al reclamo hecho por los maestros del sistema público ante los cambios a su plan de pensiones.

Manuel Perfecto Torres, presidente de la UGT, dijo en un comunicado de prensa que evalúan peticionar al Tribunal Supremo un recurso de revisión de su caso sobre la Ley 3, a pesar de que el alto foro falló en su contra en el pasado.

Según Perfecto Torres, los méritos que vio el Tribunal Supremo en el pleito sobre la Ley 160 que reforma el sistema de retiro del magisterio son los mismos del que incoara hace dos años la UGT con respecto a la Ley 3 sobre el retiro de los empleados del Gobierno y la Judicatura.

Perfecto Torres opinó que tanto la Ley 160 como la Ley 3 “constituyen igualmente un menoscabo de obligaciones contractuales en violación a la igual protección de las leyes y constituye un acto de incautación sin compensación alguna por parte el Estado” .

Indicó que la UGT ha hecho el mismo planteamiento que hizo la Asociación de Maestros en su caso de que existen alternativas menos onerosas para los servidores públicos que permiten atender la situación del Sistema de Retiro del Gobierno sin alterar y modificar el contrato establecido con sus cotizantes y lacerar el derecho de pensión que forma parte de las expectativas de ingreso al servicio público, como se hizo con la legislación que han impugnado en vano hasta el momento.

Explicó que el sindicato se mantiene en contacto con el licenciado Raúl Mari Pesquera, quien fue el abogado que tuvo a su cargo el caso de la UGT ante el Tribunal Supremo para analizar la posibilidad de peticionar una revisión de la determinación emitida en el pleito sobre la Ley 3 del sistema de retiro de los empleados del Gobierno. 

 Mientras, felicitó a la Asociación de Maestros por el éxito judicial inicial de su caso. Ese foro, sin embargo, no hay tomado una determinación final ante el reclamo de los maestros de las escuelas públicas que culminaron hoy, miércoles, un paro de dos días consecutivos en repudio a las enmiendas a su sistema de pensiones, que arrastra un déficit actuarial millonario.

El martes en la noche, el Tribunal Supremo emitió una resolución en la que declara con lugar la paralización de la ley que modificó el Sistema de Retiro para Maestros (SRM), aprobada en diciembre pasado.

"Se declara con lugar la moción para paralizar los efectos de la Ley Num. 160 de 24 de diciembre de 2013 hasta tanto otra cosa se disponga por este Tribunal", señala la resolución en respuesta al reclamo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y otros gremios magisteriales.

La determinación del alto foro declara con lugar la petición de certificación intrajurisdiccional hecha por los maestros, lo que les permite intervenir en este asunto, antes de que los reclamos se diluciden en foros de menor instancia.

El gobernador Alejandro García Padilla consideró la citada resolución del Tribunal Supremo "particularmente peligrosa".

García Padilla sentenció que "la resolución emitida por el Tribunal Supremo es particularmente peligrosa, aún más en el momento histórico que vivimos, puesto que, como se sabe, nuestra voluntad para salvar el retiro de los maestros es uno de los elementos que están siendo evaluados en relación al crédito del país. Por tanto, el Tribunal Supremo debe atender este importante asunto con celeridad. Cada cual debe asumir su responsabilidad suprema con Puerto Rico".

El Tribunal Supremo designó al juez Ángel Pagán Ocasio, que atiende este caso en el foro primario, como comisionado especial que recibirá prueba sobre las alegaciones de los peticionarios que impugnan el citado estatuto.

Pagán Ocasio deberá efectuar una vista evidenciaria, rendir un informe con determinaciones de hecho y cualquier evidencia documental relevante en o antes del 7 de febrero.

La polémica resolución no fue aprobada por unanimidad. El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, así como las juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta expresaron divergencias ante el reclamo magisterial. Mientras, el juez asociado Luis Estrella emitió un voto particular de conformidad al que se unieron los jueces asociados Mildred Pabón Charneco y Erick Kolthoff. Además, el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón se inhibió.