UIA urge a García Padilla sacar a José Ortiz de la AAA

11/12/2012 | 08:31 a.m.
El presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Pedro Irene Maymí, urgió hoy al gobernador electo, Alejandro García Padilla, a cumplir su promesa de no mantener al ingeniero José Ortiz Vázquez a la cabeza de esa corporación pública. (Archivo)  
Ortiz tiene un contrato con la agencia que vence en el 2014 y cuya cancelación antes de tiempo podría implicar el pago de miles de dólares en compensación.

El presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Pedro Irene Maymí, urgió hoy al gobernador electo, Alejandro García Padilla, a cumplir su promesa de no mantener al ingeniero José Ortiz Vázquez a la cabeza de esa corporación pública.

“La administración de la AAA ha estado en manos de una persona cuyo propósito principal ha sido privatizar funciones pertenecientes a los trabajadores unionados, otorgando jugosos contratos a compañías privadas. Hoy, con el cambio de gobierno en el país, y habiendo recibido un compromiso directo de Alejandro García Padilla en un foro de los candidatos a la gobernación con los trabajadores, donde me indicó que José Ortiz no será parte de su gobierno, estamos confiados en que así ocurra y que en la administración de la AAA no se mantenga a Ortiz dirigiendo la corporación pública”, expresó Maymí en un comunicado.

Ortiz, quien preside la AAA, tiene un contrato con la agencia que vence en el 2014 y cuya cancelación antes de tiempo podría implicar el pago de miles de dólares en compensación.

El funcionario también preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), nombramiento que tiene una vigencia de dos años.

No obstante, Maymí indicó que el Contralor de Puerto Rico determinó que sería ilegal pagar la penalidad por cancelación adelantada del contrato.

“En un informe previo de la Oficina del Contralor bajo el mando del licenciado Manuel Diaz Saldaña, con el número CP-07-26, determinó que la penalidad por cancelación de contrato en estos casos es ilegal, por lo que no le veo ninguna razón para mantener al ingeniero Ortiz en la posición de presidente ejecutivo de la AAA”, señaló el líder obrero.

La UIA reiteró que durante la administración de Ortiz se han incrementado en la AAA el otorgamiento de "contratos leoninos", así como el pago de "excesivas bonificaciones" y salarios a 165 empleados de confianza.

“Durante la presente administración de la AAA, hemos visto cómo se han triplicado los contratos de compañías privadas para realizar funciones de los trabajadores y que debido a las altas sumas pagadas a éstas triplican el costo de cada trabajo. Tal es el caso de la compañía CH CARIBE contratada para hacer un mega censo en la Autoridad y que dentro del contrato se le paga equipos, mobiliarios para televisor y hasta las alfombras que utilizan en las oficinas. Para colmo, una contratista de esta empresa fue acusada de apropiarse ilegalmente de dinero de los clientes para jugarlo en casinos, sin embargo no tenemos conocimiento sobre las gestiones de cobro realizadas por la AAA para recuperar esta dinero”, expresó Maymí en el parte de prensa.

“Pero también hemos visto compañías para cambio de contadores, lectura, corte y restablecimiento de servicio, mantenimiento preventivo y correctivo así como para reparar tuberías y que la gran mayoría de las ocasiones nuestros trabajadores tienen acudir a corregir deficiencias dejadas por estos contratistas privados, por lo que prescindir del contrato de Ortiz traería economías inmediatas en la AAA”, aseguró Maymí.

Por otro lado, el líder sindical mencionó el otorgamiento durante los pasados años de millones de dólares en bonos de productividad y salarios jugosos a 165 empleados de confianza en la AAA.

“A pesar de que la AAA enfrentó una situación económica difícil, motivada mayormente por el gasto de millones de dólares en contratos, Ortiz les concedió a sus 165 empleados de confianza el pago de jugosos salarios y bonificaciones entre los que se destacan dos personas con puestos similares pero con salarios distintos. El primero es el de un Chofer Mensajero Ejecutivo cuyo salario anual es de $35,999.93 y un bono de “productividad” de $2,549.99, y un Chofer Mensajero Confidencial cuyo salario asciende a $25,999.94 y un bono de $1,130.11. Esto mientras a los trabajadores de les negó implantar un convenio colectivo que fue negociado y ratificado por las partes desde el 2005 y que hasta el propio Tribunal Supremo determinó como válido” sentenció el líder obrero.

De otra parte, mencionó que han tenido que acudir a los tribunales a solicitar la cancelación de los contratos de funciones pertenecientes a los empleados.

“La UIA se encuentra en estos momentos en una lucha en los tribunales, con el fin de que el patrono desista de continuar subastando funciones de los trabajadores y para exigir que se cancelen los contratos ya otorgados. Tan reciente como el pasado viernes, acudimos al tribunal para tratar de impedir que se implemente un proyecto piloto con el cual se pretende quitarle las funciones a los validadores nuestros y pasarlas a los empleados gerenciales con el propósito de evitar que los trabajadores no puedan hacer denuncias en los foros correspondientes relacionadas a la facturación, tal y como lo hizo el compañero Hiram Ramos Sánchez en el año 2007 y por lo cual fue perseguido hasta su despido en el 2010”, denunció.

“Por último, tenemos que denunciar el gasto millonario de parte de la AAA en el Bufete Cansío, Nadal y Díaz, de quienes se menciona están relacionados a la primera dama, Lucé Vela, al constantemente radicar apelaciones frívolas en los tribunales de los casos que la unión gana en arbitraje y que finalmente los tribunales adjudican a nuestro favor”, manifestó.

Asimismo, indicó que espera que no se nombre a la licenciada Belkin Nieves a la dirección de la Oficina de Recursos Humanos, debido a que, según Maymí, ella dio instrucciones a los directores regionales de esa oficina de utilizar un reglamento disciplinario de los empleados gerenciales, para que fuera utilizado en contra de los empleados unionados, "aún cuando esta práctica va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y que le costará millones de dólares en compensaciones a los trabajadores afectados”.