“Nosotros respetamos la postura del Departamento de Justicia, pero respetuosamente discrepamos”.

De acuerdo con lo que señaló Vázquez Garced en un comunicado, Meléndez Serrano y Ramos Cruz solicitaron un nuevo juicio en 2011 cuando un análisis de tres vellos púbicos encontrados en la ropa interior de la víctima determinó que no eran de ellos, sino de la mujer asesinada o de un familiar por la línea materna, lo cual habría abierto la puerta para otro proceso judicial, pero la jueza Berthaida Seijo “entendió que los resultados no eran suficientes para revocar la sentencia final y firme”.

“Los testigos principales en este caso, que eran adolescentes al momento de los hechos, se sostienen en que vieron a los convictos en la residencia la noche de los hechos”, indicó la titular de Justicia. “Los testimonios fueron corroborados por prueba independiente, pertinente y cuyo valor probatorio rebatió la presunción de inocencia de los imputados”.

Para Fontanet, sin embargo, la historia es otra y por eso lleva el caso a través del Proyecto Inocencia. “El informe de ADN mitocondrial establece la ausencia de evidencia biológica de las personas convictas y justifica un nuevo juicio, y la evidencia que presentó el Estado (en el caso de Trujillo Alto) fue totalmente circunstancial. No hay ni un solo testigo ocular de las muertes; lo que hay es una prueba de dos personas que han incurrido en múltiples contradicciones, que también fueron sospechosas por los delitos imputados, que de la noche a la mañana cambiaron su testimonio y que estuvieron buscando abogados antes de declarar”, sentenció el abogado.

Fontanet agregó que también se han acercado personas a plantearles irregularidades en el proceso investigativo, “en un caso que es muy similar al de los tres de Aguada”. Se refirió a Nelson Ruiz Colón, José A. Caro Pérez y Nelson Ortiz Álvarez, condenados hace 22 años por el asesinato de Glorimar Pérez Santiago. Los hombres fueron liberados por ausencia de prueba genética que los vinculara con los hechos.