El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, anunció hoy que unirá su voz a la del gobernador Ricardo Rosselló para, juntos, cabildear en el Congreso de los Estados Unidos que Puerto Rico no sea tratado como una jurisdicción extranjera y que sea incluido en la reforma contributiva federal.

“Hay momentos para fiscalizar, y lo hemos hecho. Y hay momentos para apoyar los esfuerzos del Gobierno por el bien del País, y este es uno de ellos… (Por eso) acompañaré al Gobernador en este esfuerzo que es necesario para el País”, expresó Ferrer, quien partió ayer a Washington D.C. donde tiene previsto reunirse “con varios congresistas”.

Se informó que anoche mismo también saldría para la capital federal el Gobernador, quien además de abogar por la reforma contributiva, haría peticiones de ayuda para el proceso de reconstrucción de la Isla tras el paso del huracán María.

Recientemente el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Federal aprobó una medida que pondría un impuesto de 20% sobre las importaciones de productos manufacturados fuera de Estados Unidos. La preocupación en la Isla es que para efectos del Código de Rentas Internas federal, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera.

Además, la propuesta  incluye una reducción a la tasa contributiva corporativa federal de 35% a 20% y conceder una tasa preferencial de hasta 14% para que las multinacionales repatrien sus ganancias a Estados Unidos.

Mientras, en el Senado federal se presentó una reforma contributiva que propone un impuesto mínimo global de 12.5 % que impactaría las importaciones de Puerto Rico a los estados.

“Estos proyectos, especialmente el de la cámara (federal) sería un segundo huracán para el País. Los efectos, de aprobarse la medida, serían desastrosos para la economía de Puerto Rico, una economía que ya está en precario”, dijo Ferrer al agregar que las consecuencias serían “detrimentales” para el sector privado.

“Estamos apoyando el esfuerzo que está haciendo el Gobernador referente q que se le dé y mantenga un trato preferencial a Puerto Rico con estos impuestos para nosotros poder ser competitivos en esta industria”, añadió.

Comparó los efectos que tendría la medida con la debacle que se produjo en la isla tras la eliminación de la sección 936, una derogación que según un análisis publicado por el National Bureau of Economic Research, redujo  en Puerto Rico el promedio de salario en la manufactura en 16.7% y, hasta en 28%, el número de empresas manufactureras. A esto Ferrer le agregó una pérdida de unos 100,000 empleos.

El presidente del PPD dijo que tras la eliminación de la 936 los esfuerzos del Gobierno debieron concentrarse en  establecer un nuevo modelo de reforma contributiva a nivel federal y que eso sólo se lograría a través de un “esfuerzo bipartita”.

“Esto es un asunto que debe ser el esfuerzo del País; encaminarnos para sustituir y nivelar los efectos de la pérdida de la 936”, puntualizó.

El portavoz de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se uniría a los esfuerzos de exigir en el Congreso un tratamiento favorable para Puerto Rico en la reforma contributiva federal.