Desde contribuciones para una campaña política hasta el aparente pago de miles de dólares por unos pastelillos, unas 19 personas que laboraban en la superintendencia del Capitolio recibieron dinero ilegalmente de contratistas actualmente acusados por lucrarse con contratos millonarios en la Casa de las Leyes en el pasado cuatrienio, según el sexto informe de la Oficina del Contralor sobre las operaciones de esa dependencia.

El subcontralor de Puerto Rico, Natanael Arroyo Cruz, aseguró que con este informe no concluyen las labores de investigación conjunta entre su agencia y el Departamento de Justicia relacionadas a la superintendencia del Capitolio.

“Si hay la radicación de nuevos cargos más adelante, depende de Justicia porque la investigación en conjunto no ha concluido”, dijo el subcontralor de Puerto Rico.

El informe es la secuela de una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor, y contiene desde los detalles de la preparación de cotizaciones falsas que ya ha conllevado la acusación de siete personas a revelaciones de como un empresario le daba dinero ilegalmente a numerosos empleados de la superintendencia. El informe dice que el periodo auditado es entre el primero de julio de 2009 al 31 de octubre de 2015, pero los hallazgos son relacionados a incidentes en el pasado cuatrienio.

El hallazgo 3 del informe de 56 páginas que fue divulgado hoy, explica que como parte de la pesquisa se evaluaron miles de cheques del periodo 2010 a 2013 de varias corporaciones y de un empresario.

“El examen de 3,033 cheques emitidos durante el referido periodo por el Presidente de las mencionadas corporaciones reveló que 16 empleados, dos funcionarios y un ayudante especial del entonces superintendente obtuvieron beneficios económicos no permitidos por ley y por reglamentación de parte del Presidente de las referidas corporaciones mediante 158 cheques por $137,326”, lee parte del informe.

Según el informe, el ayudante especial del superintendente recibió 7 cheques ascendentes a $13,800 del empresario que fueron depositados en una cuenta para la campaña electoral de un exfuncionario de la superintendencia. Este asunto fue referido a la Oficina del Contralor Electoral, indicó el documento. El informe no revela el nombre del candidato beneficiado.

Durante el pasado cuatrienio el superintendente del Capitolio era Eliezer Velázquez, quien en el 2012 fue candidato a un escaño senatorial por el distrito de Ponce por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Los otros 18 empleados que recibieron cheques indebidamente del contratista fueron por cantidades que oscilaron entre los $7,890 y los $500, en la que los empleados justificaban el dinero como pago para asuntos como gastos médicos o la reparación de un vehículo. También hubo un empleado que recibió tres cheques por $1,000 para brindar información de trabajos que debían realizarse en la suprintendencia.

Otro caso que reslta es el de un gerente de proyectos de construcción del Capitolio, que autorizó órdenes de compra ascendentes a $244,463, cuya esposa recibió tres cheques por $3,000. La mujer dijo que el dinero era como pago por confeccionar pastelillos para actividades del empresario.

Además, el informe detalla el mal uso del sistema de computadoras del Capitolio para beneficiar al empresario actualmente acusado, con datos como la cotización de un competidor, o solicitudes modificadas de compras, así como preparando numerosos documentos como 54 hojas de trabajo de las aplicaciones Excel y Microsft Word para la empresa.

También se detectaron  potenciales contratos con conflictos de interés cuando la empresa contratada por la superintendencia del Capitolio para supervisar la construcción de las plazas de la Recordación del Holocausto Judío y de la Identidad Puertorriqueña, también tenía contratos con esta empresa constructora para realizar trabajos eléctricos en una de esas plazas.

Desde agosto de 2015 hay acusaciones radicadas contra siete personas en relación a ilegalidades en la superintendencia del Capitolio durante el pasado cuatrienio y tan reciente como el mes pasado, la jueza Elizabeth Linares, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio contra ellos por ejecutar 141 transacciones en que se falsificaron documentos y se apropiaron de dinero del erario presentando cotizaciones falsas de obras de construcción en el que se desembolsaron $2.9 millones de fondos públicos.

Los acusados son el empresario Edil Danois Román y su esposa Elena Cuervo Sierra, y cinco exempleados de la superintendencia del Capitolio, Gladys Alberti Torres, Alex E. Martínez Morales, Juan Carlos Acosta Ramírez, Endel Rodríguez, y Jamilette Ramírez Sánchez. Danois Román creaba cotizaciones falsas de empresas para finalmente adjudicarse contratos de remodelación, según alega la fiscalía.