UPR contrata abogados en EE.UU. para defenderse de pesquisa

11/12/2012 |04:33 p.m.
La página de internet de la Oficina del Contralor indica que el contrato con Drinker, Biddle & Reath, por $300,000, se extiende del 22 de octubre del 2012 al 30 de junio de 2013.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) contrató representación legal ante la pesquisa que inició el Inspector General de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) por el problema de la sobrefacturación en los jornales de los investigadores que detectó en la institución.

Una fuente universitaria reveló a este medio que, en la reunión del sábado con la Junta de Síndicos, el presidente de la institución, Miguel Muñoz, informó que contrató al bufete  Drinker Biddle & Reath para atender cualquier asunto que surja de la investigación que el Inspector General empezó la segunda semana de octubre con una petición oficial de información.

La oficina del Inspector General es un ente independiente de la NSF que promueve la eficiencia en los programas de la agencia y detecta el fraude, el abuso y el malgasto.

La página de internet de la Oficina del Contralor indica que el contrato con Drinker, Biddle & Reath, por $300,000, se extiende del 22 de octubre del 2012 al 30 de junio de 2013.

Esto significa que la contratación se formalizó cerca de una semana y media después de que el inspector general envió una carta a Muñoz solicitando copia de los documentos relacionados a seis proyectos subvencionados por esta agencia federal.

Específicamente, la Oficina del Inspector General envió un “subpoena” o citación legal pidiendo la evidencia de pagos, salarios y costos incurridos en tres proyectos del Centro de Investigación y Desarrollo del Recinto de Mayagüez y otros tres del Centro de Recursos de Ciencias e Ingeniería del Recinto de Río Piedras.

Las tres investigaciones del Centro de Recursos de Río Piedras se encuentran bajo la tutela de los profesores Manuel Gómez, Brad Weiner y Gerardo Morell.

Gómez formó parte de la comisión nombrada por el gobernador Luis Fortuño que elaboró una criticada propuesta de reforma universitaria.

Weiner, por su parte, se desempeña como decano interino de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras. Esposo de la vicepresidenta de asuntos académicos de la UPR, Ibis Aponte, renunció al cargo de decano el mes pasado, pero luego regresó al puesto.

La UPR tenía hasta el 24 de octubre para entregar los documentos al Inspector General según su página en la web.

Esta pesquisa empezó luego que en abril pasado, la NSF congeló los $33 millones que otorga a la UPR para el financiamiento de investigaciones científicas debido a un patrón de sobrefacturación en los Informes de Tiempo y Esfuerzo (hojas de nómina).

En una conversación reciente con este medio, Muñoz se mostró en que la agencia federal levantará la veda este semestre. Pero no impide que el inspector general imponga sanciones a la UPR como una multa por acciones previas, según una fuente universitaria versada sobre ese asunto.