La senadora Mari Tere González emplazó este martes a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a que responda públicamente por la tardanza en aprobar las plazas de maestros de educación especial y otro personal de apoyo que, desde el pasado mes de abril, le solicitó el Departamento de Educación (DE).

En un comunicado de prensa la también presidenta de la Comisión de Educación del Senado afirma que “se pudo constatar que el Departamento de Educación desde el pasado 22 y 25 de abril de 2014 le remitió comunicación a la OGP solicitándole autorización para cubrir los puestos de maestros de educación especial, facilitadores docentes, asistentes de servicios, conocidos como T1 y oficinistas para la continuidad de los servicios de Educación Especial durante el año escolar 2014-2015”.

 Sostiene la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) que la cantidad de puestos solicitados totalizaban 2,681 vacantes, de las cuales OGP aprobó sólo 2,100.

“No fue hasta principios del mes de agosto, fecha cercana al inicio de clases, que la agencia aprobó los puestos solicitados por el DE a través de tres bloques. El 1 de agosto a las 4:17 pm se aprobó el primer bloque de 1,000 puestos; el 6 de agosto se aprobaron 400 y el 13 de agosto 700 puestos, que suman unos 2,100 puestos aprobados, ya que los restantes 581 no fueron certificados”, denunció.

 “Cabe señalar, agrega la senadora, que es a partir de la fecha de aprobación de fondos por parte de OGP que las Regiones Educativas comienzan con el proceso de reclutamiento del personal a través de RECLUTA, lo que retrasa el proceso de entrevistas y pruebas de dopajes, y por ende la contratación a tiempo del personal. En adición, este proceso inoportuno ha provocado el aumento de querellas por la falta de maestros y asistentes de servicios (T1) que atiendan las necesidades de los estudiantes de Educación Especial”, dijo.

 Agregó González que al día de hoy, martes, se han retirado del sistema público de educación 279 maestros que aún no han sido autorizados por la OGP.

“Ante este escenario, es imperativo solicitarle a OGP que rinda cuentas y responda por la asignación tardía de los fondos solicitados para cubrir los puestos en Educación Especial, lo que ha sido perjudicial para los estudiantes que carecen de estos servicios educativos y además que estos puestos estén exentos del trámite de RECLUTA, que retrasa contraproducentemente estos nombramientos para conferir servicios esenciales”, dijo.

 La legisladora cuestionó la razón por la cual “si las necesidades de maestros y asistentes se estipularon con tiempo, ¿por qué la demora en responder al llamado del cumplimiento con los estudiantes?”.

Recordó que, reconociendo las necesidades de esa población, sometió un proyecto para otorgar autonomía administrativa, docente y fiscal de la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos y señaló que el mismo ya fue aprobado en el Senado y que espera por la aprobación en la Cámara de Representantes. “Esa falta de ejecución de autonomía repercute en el incumplimiento con las necesidades de los(as) estudiantes que pertenecen al Programa de Educación Especial, de manera que sus servicios se ven afectados por los retrasos administrativos, procesales y fiscales, que muchos funcionarios atados a los números no comprenden ni asimilan,” afirmó González.

“Debemos asumir nuestro compromiso con la educación especial, haciendo las gestiones y los reclamos necesarios para que las agencias pertinentes, así como la persona que administra el presupuesto de Educación Especial, la Subsecretaría de Administración del Departamento de Educación y OGP, le den una explicación al País sobre todo este proceso inaceptable e insensible que va en detrimento de las necesidades y los servicios de los(as) estudiantes con diversidad funcional en Puerto Rico”, sentenció.