Urgen pesquisa de maltrato institucional en educación especial

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com 04/22/2013 | 01:44 p.m.
María de Lourdes Santiago comentó que hay situaciones de maltrato institucional que van desde comentarios indebidos de trabajadores sociales o maestros hasta prácticas repudiables de centros de servicio. (Archivo)  
Se ofrecerá un taller libre de costo para orientar a padres y madres de niños y niñas de educación especial sobre los derechos que cobijan a sus hijos e hijas.

Preocupada por las frecuentes quejas sobre presunto maltrato institucional contra niños y niñas de educación especial recibidas en su oficina legislativa, la senadora María de Lourdes Santiago presentó una resolución para investigar los servicios brindados a esa población de 141,200 estudiantes.

Santiago resumió situaciones de "horror" narradas por padres y madres de alumnos de educación especial inconformes con la atención en las escuelas o en los servicios de terapias, entre otros, y no descartó violaciones sistemáticas a la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246 de 2011).

La legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también anunció este lunes, en conferencia de prensa en El Capitolio, que sometió una segunda resolución para investigar si el Departamento de Educación (DE) cumple con las disposiciones del estatuto para garantizar la educación vocacional para estudiantes con impedimentos (Ley 263 de 2006).

Además, Santiago informó que su equipo legislativo ofrecerá libre de costo en El Capitolio un taller para orientar a padres y madres de niños y niñas de educación especial sobre los derechos que cobijan a sus hijos e hijas el próximo 18 de mayo.

Ese taller, con cupo limitado para un centenar de personas, será el primero de varias sesiones de orientación en la que su oficina "actuará como un centro de apoyo" para madres, padres o tutores de niños y niñas de educación especial, afirmó la senadora.

"Como madre y abogada he tenido que lidiar con el Programa de Educación Especial. Sé que estos procesos pueden ser confusos e intimidantes. Por lo tanto, hemos puesto a la disposición de la comunidad los recursos de mi oficina, entre los que se encuentra uno de los abodados del pleito de clase Rosa Lydia Vélez versus Departamento de Educación", destacó Santiago.

En el primer taller, que se efectuará en el Salón Samuel R. Quiñones, se abordará, entre otros temas, el proceso de registro de un niño o niñas con necesidades especiales, la ubicación y la presentación de querellas para exigir servicios garantizados por ley para estos menores.

"Estás insoportable"

Santiago comentó que hay situaciones de maltrato institucional que van desde comentarios indebidos de trabajadores sociales o maestros como "se nota que hoy no estás medicado porque estás insoportable" hasta prácticas repudiables de centros de servicio donde se ha confirmado que "desconectan el teléfono" y cancelan la opción de orientación a distancia de padres o madres necesitados de ayuda.

La senadora opinó que el designado secretario de Educación, Rafael Román, se ha mostrado receptivo a las necesidades de los estudiantes de educación especial y así se lo demostró cuando dialogó con él recientemente sobre el tema, pero estimó que el problema en el gobierno en el futuro se centra en determinar "si hay la voluntad y la capacidad de tomar las decisiones que hay que tomar".

"No puede ser que un centro de servicios decida no voy a contestar el teléfono. Eso es inadmisible y el empleado que haga eso tiene que ser disciplinado", dijo al referirse a un ejemplo extremo de múltiples situaciones que frenan la atención adecuada a los niños y niñas de educación especial y que pueden combatirse con medidas reglamentarias y acciones administrativas.

Un primer paso, a juicio de Santiago, es "cambiar actitudes". Por eso, subrayó que es importante la capacitación del personal que atiende en distintas etapas a estos niños y armar a los padres con herramientas efectivas para que reclamen los servicios a las autoridades.

El maltrato institucional, según Santiago, tiene sus raíces en "falta de conocimiento", pero también se vincula a la "intolerancia e insensibilidad", aunque en general se trata de actitudes y desinformaciones que se pueden combatir con talleres al personal regular del Departamento de Educación, así como al personal contratado para atender a esos niños.

"Yo he pasado por eso proceso y es tan y tan atropellante", lamentó la senadora y madre de un niño autista. También se quedjó de que en muchas ocasiones, ante reclamos de servicios para estos alumnos especiales, "el Estado ve a las madres como si fueran el enemigo".

Ley muerta

Sobre la Ley 263 de 2006, cuyo cumplimiento se investigaría de aprobarse la resolución de Santiago, que refiere a la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado esa tarea, la legisladora recordó que el estatuto impone instituir el servicio de evaluación vocacional y de carrera como un derecho para los estudiantes con impedimentos.

Sin embargo, estimó que el citado estatuto "es una ley muerta", por lo que urge la investigación para procurar que se ponga en vigor lo legislado, sobre todo teniendo en cuenta que después de los 21 años en el país existe "un vacío" para procurar la ocupación y el desarrollo de los jóvenes con impedimentos.

Por otro lado, comentó que los fallos en el sistema de educación no deben producirse porque el DE tiene supervisores en todas las regiones educativas y, además de ese personal fiscalizador, la agencia recibe visitas periodicas de auditores federales.

José Torres, ayudante de Santiago y quien es uno de los abogados en el caso de Rosa Lydia Vélez, mediante el cual se han adoptado estipulaciones claves sobre servicio a la población de educación especial, comentó que se espera pronto el nombramiento de un nuevo monitor en ese pleito.

Torres recordó que la monitor del caso, Priscilla Negrón, renunció a su puesto en 2011, y desde entonces no se ha designado a un sustituto, pero se espera que el tribunal nombre ese recurso pronto.

Madrugadas insólitas

Torres y Santiago denunciaron situaciones inaceptables, basadas en quejas recientes, como la de un centro en Bayamón, donde los progenitores tienen que llegar de madrugada para tomar un turno, porque si se presentan cuando abren las puertas de las instalaciones a las 8:00 a.m. no hay opción de que los atiendan.

"La ley exige que los centros tienen que operar de forma continua. Hay que evitar la situación de los turnos", indicó Torres al estimar que se está incumpliendo la ley.

Santiago, además, dijo que las terapias ocupacionales, del habla, sicológicas u otras suelen pautarse en horarios difíciles para muchos padres o madres.

Mencionó que las evaluaciones de los sicólogos en ocasiones se limitan a solo 45 minutos, periodo en el que "no se puede hacer una evaluación adecuada" y por eso en ciertos casos los documentos del menor han llegado hasta con "nombres incorrectos o datos mezclados".

Explicó que proveedoras de servicios como terapistas por contratos, tienen problemas con el pago por sus honorarios, que además se limita a $10 u $11 la hora, lo que consideró insuficiente.

Agregó que hay terapias como las de patologia del habla que deben ser individualizadas, pero se ofrecen de forma grupal, lo que no beneficia a los menores de edad.