La nueva mayoría en el Senado no desaprovechó ni un día de haberse constituido para intentar revertir una serie de medidas aprobadas durante la administración de Luis Fortuño y que fueron objeto de duras críticas en el cuatrienio que acaba de concluir.

Las disposiciones del Código Penal que criminalizan ciertas manifestaciones en presencia de la Asamblea Legislativa y en otras instituciones gubernamentales, que coartan la libertad de prensa, así como el uso discrecional del nombre oficial del sistema político que rige en la Isla podrían quedar en el pasado si se aprueban sendos proyectos presentados por los senadores populares Eduardo Bhatia, Antonio Fas Alzamora y José Luis Dalmau.

Las tres piezas legislativas fueron sometidas ayer, miércoles, casi de manera simultánea a la ceremonia en la que los legisladores fueron juramentados en sus puestos.

El P. del S. 1, de la autoría de Bhatia, busca derogar los artículos 247 y 297 del nuevo Código Penal, que recibieron el rechazo de diversos sectores de la sociedad al tipificar como delito menos grave obstruir el acceso o la prestación de servicios en escuelas, centros de salud u otros edificios públicos, y por sancionar con una pena de reclusión de tres años las actuaciones que “perturben, interrumpan o impidan” los trabajos en la Legislatura.

“Nos corresponde reenfocar nuestra filosofía de gobierno para declarar la Asamblea Legislativa como la sede del debate de ideas para la formulación de política pública, sin la intervención opresora del estado, que utiliza la maquinaria gubernamental para silenciar a los sectores disidentes de nuestra sociedad”, reza la exposición de motivos de la medida.

El proyecto establece que el Código Penal provee otras disposiciones, como la alteración a la paz o el empleo de violencia e intimidación contra las autoridades, para procesar ciertas conductas criminales que interfieran con la labor legislativa.

Esa medida también enmendaría el Artículo 243 del Código Penal para establecer que la prohibición de obstruir indiscriminadamente la labor de la prensa aplica a todo el mundo. Según fue aprobado ese estatuto el año pasado, el referido artículo no aplicaría “a personas que por razón de su cargo, oficio o actividad tienen el deber, responsabilidad o la obligación de mantener el orden”.

De otra parte, el senador Fas Alzamora presentó una medida para dejar sin efecto el Artículo 200, también del Código Penal, que sanciona con una pena de reclusión por tres años los actos que impidan el acceso hacia un terreno en construcción u obstaculicen el uso de la maquinaria con la que se realizan las obras, si el proyecto cuenta con los permisos necesarios.

“Corresponde a la Asamblea Legislativa sopesar si el llamado principio de daño que se causa al paralizarse alguna obra de construcción, por razón del ejercicio a la libre expresión, es mayor al daño que se comete contra ella al tipificarla como delito”, advierte la pieza legislativa.

El proyecto de Dalmau, en tanto, busca que en las tres ramas de gobierno se utilice nuevamente con carácter de exclusividad “Estado Libre Asociado” para referirse al sistema político que rige el país. Durante la administración de Fortuño, se estableció por ley que podría utilizarse indistintamente el nombre oficial dispuesto por la Constitución o “Gobierno de Puerto Rico” para referirse al aparato público.

Aunque todavía no se ha radicado ningún proyecto a esos efectos, tanto Fas Alzamora como Bhatia han adelantado que se disponen a someter enmiendas sustanciales a la ley que eliminó la colegiación compulsoria del Colegio de Abogados.