Residentes del complejo Montemar Apartments, en Ponce, se reunirán esta noche con representantes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para negociar opciones para normalizar a largo plazo el servicio de agua potable en su comunidad.

Debido a una deuda con el desarrollador del complejo residencial, la AAA resolvió suspender el servicio de agua potable. El pago pendiente a esa corporación a mediados de febrero ascendía a $6,296.

Los vecinos lograron que la AAA les reconectara el servicio de agua potable de manera temporera, luego de que un juez del Tribunal de Ponce les concedió este jueves un recurso de emergencia a esos fines, explicó Fernando Febres, portavoz de los residentes.

“Los residentes tenemos reunión hoy (viernes) a las 6:30 p.m. para discutir lo propuesto por la AAA, de que la Asociación de Residentes pueda asumir la cuenta en cero y seguir pagándola”, sostuvo Febres en entrevista con este medio.

La reconexión citada es solo un alivio transitorio porque la comunidad está en un complicado limbo legal desde que el desarrollador del proyecto, Luis Santana Mendoza, fue arrestado en un operativo federal en diciembre pasado.

Las autoridades federales implican a Santana Mendoza, alias “El Viejo”, en una red de narcotráfico y lavado de dinero vinculada al convicto Carlos Morales Dávila, alias “Cano Gurabo”.

Debido a lo sorpresivo del arresto de Santana Mendoza, el proyecto sigue siendo propiedad del desarrollador, quien por contrato se supone que pague el agua que consumen las áreas comunes del complejo.

Febres aseguró que, hasta el momento, los baños del gazebo serían la única propiedad comunal que consumiría agua, pero que ese no es el caso porque están clausurados.

Aun así, el contador de cuatro pulgadas de diámetro instalado en el complejo acumula una deuda que, según el aviso de suspensión de servicio emitido por la AAA a mediados de febrero, era de $6,296.64.

A este contador están conectados los medidores de consumo de cada uno de los cerca de 150 apartamentos construidos, de los cuales cerca de 130 ya están ocupados, por lo que al cortar el servicio comunal, todos los vecinos se quedan sin agua potable, aunque tengan al día sus cuentas individuales con la AAA, denunció Febres.

Además de impugnar el monto del balance que reclama la AAA, Febres explicó que aunque los residentes asociados se comprometan a asumir la cuenta comunal de forma prospectiva, el cuerpo que dirige no puede obligar a nadie a pagar.

“Estamos atrapados en el medio porque Acueductos nos obliga a asumir la cuenta (del contador común), pero nosotros en la Asociación de Residentes no tenemos el poder en ley para cobrarle a los residentes”, dijo.

Esto responde a que la Asociación, incorporada como una entidad sin fines de lucro, carece de los poderes que las leyes de propiedad horizontal confieren a las asociaciones de titulares, porque el desarrollador arrestado es aún el dueño del proyecto.

Por ello, la Asociación tiene pendiente una petición ante el tribunal para que se le confiera la titularidad de forma interina, mientras se dirime el caso federal contra Santana Mendoza.

Así podrían llevar a corte a aquellos residentes que fallen en pagar las cuotas que decidan en asamblea los vecinos y evitar futuros cortes de servicio, tanto de agua como de luz.

Una posible solución, según Febres, es que la AAA acceda a cambiar cómo mide y factura el servicio en esta comunidad con control de acceso, para que cada residente pague su propio consumo y las áreas comunes, cuando comiencen a funcionar, estén conectadas a un contador individual.

“La única forma de cambiar el contador común es sometiendo una petición a la División de Infraestructura de la AAA, para ver si consideran el cambio”, explicó el presidente vecinal.

Entretanto, la próxima cita de la Asociación en la corte será el martes, a la 1:30 p.m., cuando habrá una vista sobre el cese y desista que el grupo sometió en contra del corte de servicio de la AAA.

Febres teme que, si el juez falla en contra de la comunidad, ya el miércoles vuelvan a quedarse a secas.

En contraste con el balance de menos de $7,000 que la AAA le atribuye a esta comunidad, agencias y municipios acumulan millones en deudas añejas con la corporación pública, sin que se les corte el servicio esencial.