En un intento por lidiar con la morosidad,  la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció hoy que trabaja en un plan piloto en tres residenciales públicos de San Juan mediante el cual serán los propios residentes de los caseríos los que leerán los contadores y ejecutarán los cortes en el servicio de agua.

El director ejecutivo de la AAA, Gustavo Marín Ramos dijo que esperan poner en vigor “el proyecto socioeconómico” entre finales de octubre o principios de diciembre próximo en los residenciales Llorens Torres, en Isla Verde, Quintana, en Río Piedras, y Los Lirios, en Santurce.

 “Hemos llegado a la conclusión de que una de las formas más efectivas que vamos a encontrar para lograr este cobro es a través de envolver a la misma comunidad en el proceso de cumplir con la responsabilidad”, dijo Marín Ramos en una vista pública de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes.

El funcionario indicó que para echar a caminar el proyecto iniciaron un diálogo con algunos líderes comunitarios de los residenciales y con la Unión Independiente Auténtica (UIA) porque las personas que reclutarán harían tareas que les corresponden a los unionados.

“Muchos líderes comunitarios saben de qué se trata. Estamos en conversaciones finales con la unión. No hemos visto rechazo”, sostuvo el funcionario.

 A preguntas del representante Carlos Vargas Ferrer, el portavoz de la AAA precisó que actualmente la morosidad en los abonados de los residenciales públicos es de un 96 por ciento. “Sólo un 9 por ciento paga algo”, indicó para agregar que muchos tienen planes de pago.

Explicó que de los $50 millones facturados, unos $48 millones están vencidos.

Dijo asimismo que la deuda acumulada de clientes activos e inactivos en los residenciales públicos es de $99.1 millones.

 Marín Ramos sostuvo que el pasado mes de abril esta deuda era de $98 millones, lo que supone un incremento de $1.1 millón en cuatro meses.

Para comenzar con el proyecto piloto, el funcionario  indicó que reclutarán personas que vivan en los residenciales y que cuenten con el respeto de la comunidad. Agregó que el personal también deberá cumplir con los requisitos de ley y reglamentos aplicables.  

Dijo que las personas reclutadas deberán realizar diversas tareas, entre ellas, lecturas de consumo, mantenimiento de contadores, altas y bajas de servicio y cortes por falta de pago. Además, se les asignarán otras funciones relacionadas con los equipos y medios que la Autoridad establezca, bajo la supervisión directa de un gerencial.

“Ya tenemos las personas identificadas. Lo que falta es la firma de la UIA. Es un plan justo”, sostuvo Marín Ramos para agregar que reclutarán jóvenes que se han destacado en los estudios y personas que tienen un récord criminal limpio.

Marín Ramos indicó también que van a comenzar a trabajar con la modificación de las tarifas a los abonados de los residenciales públicos y establecerán un tope. Actualmente, éstos clientes tienen una tarifa especial de $19.71, que fue legislada durante el pasado cuatrienio.

“Vamos a establecer un tope por habitación”, sostuvo. “Si se pasan del consumo que establezca van pagar los cargos del primer bloque vigente en las tarifas residenciales”, indicó.

A preguntas del representante Luis “Tato” León, el portavoz de la AAA dijo que actualmente la deuda de las agencias que dependen del Fondo General asciende a $44.9 millones y la de las corporaciones públicas es de $27.9 millones. “Estamos criticando a los residenciales públicos, pero el gobierno no está muy lejos”, dijo el legislador novoprogresista.