El representante popular Luis Vega Ramos considera que el gobernador Alejandro García Padilla debe procurar que el Departamento de Justicia, a través de la fiscalía de Ponce, no apele la determinación del juez superior Eduardo Busquets Pesquera, quien este miércoles declaró inconstitucional el Artículo 200 del Código Penal, conocido popularmente como la ley Tito Kayak.

Busquets Pesquera, del Centro Judicial de Ponce, además, desestimó los cargos contra las únicas seis personas acusadas de violar esta disposición: Robinson Rodríguez, Raúl Mari Fernández, Luis Omar García Mercado, Rose Marie Vázquez Cruz, Edwin Velázquez González y Javier Smith Torres.

El sexteto fue arrestado en diciembre del 2011 por protestar la instalación de aerogeneradores sobre tierras agrícolas en Santa Isabel, y posteriormente los manifestantes fueron acusados de violar el Artículo 208-A, como se llamaba la ley en el viejo Código Penal.

“La conclusión del juez Busquets Pesquera coincide con el análisis que hicimos en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, el cual fundamentó la aprobación del Sustitutivo a los P. de la C. 230, 658 y 659. Ahora, corresponde finalizar el trámite de la medida y enviarle el proyecto al gobernador, con la expectativa de que esta determinación judicial de inconstitucionalidad de la ley Tito Kayak atienda cualquier preocupación latente. De igual manera, entiendo que el gobernador debe solicitarle al secretario de Justicia que no apele o solicite revisión de la decisión”, afirmó por escrito Vega Ramos.

De haber apelaciones, el asunto podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Vega Ramos, que al igual que el gobernador milita en el Partido Popular Democrático, es el autor del proyecto 230 que derogaba la ley por inconstitucional. La misma sanciona con una pena de reclusión fija de tres años la acción de paralizar obras de construcción, públicas o privadas, o movimientos de terreno que cuenten con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas.

El Senado también avaló un proyecto para suprimir este artículo y ahora junto a la Cámara de Representantes trabaja en la versión final que sería enviada para la firma del gobernador.

"En el Senado, ya se actuó responsablemente con relación a los artículos del Código Penal que criminalizan el derecho a la libertad de expresión. En reiteradas ocasiones le he comunicado al país el porqué hay que derogar esa abusiva ley de la administración pasada. Simplemente, esa disposición no aguanta un análisis constitucional y así lo ha confirmado el juez de instancia”, expresó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, mediante comunicado de prensa.

Vega Ramos reiteró que ya existen leyes que atienden las prácticas mencionadas en el Artículo 200.

“Como establecimos en el informe de la Comisión de lo Jurídico sobre la medida, en el actual ordenamiento penal existen no menos de 12 otros artículos que castigan cualquier acto de violencia, intimidación, amenaza, invasión o destrucción de propiedad privada y restricción de la libertad de trabajadores que pudieran darse dentro de una obra de construcción, con o sin permisos. Eso hace onerosa, innecesaria, y ahora inconstitucional, la llamada Ley Tito Kayak”, expuso Vega Ramos.

El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, ha sostenido que esta ley no debe ser derogada sino enmendada para reducir su pena. García Padilla, que prometió durante su campaña derogar la disposición, cambió de postura y respaldó la opinión de Sánchez Betances.

A pesar de ello, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza y asesor del gobernador, Jorge Colberg Toro, dijo recientemente que la ley sí será derogada, pero que se enmendarán otros artículos del Código Penal relacionados a las construcciones y al derecho al disfrute de la propiedad.