En la tarde de hoy el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, compareció a testificar ante el comité especial creado en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para investigar la comisión de posibles delitos electorales como parte de unos chats por WhatsApp en el que participó parte del equipo programático del entonces candidato a la gobernación, Ricardo Rosselló Nevares.

En este estuvo activo el ex juez Rafael Ramos Sáez, luego presidente de la CEE, entre otros funcionarios como la exsecretaria asociada de la Gobernación, Itza García.

A su salida de la CEE, Villafañe dijo que se le concedió un tiempo, que estimó en 30 días, “ para poder solicitar copia de mi declaración ante la Oficina de Administración de Tribunales (OAT)”.

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Así, dijo, no tendría que repetir lo mismo ante el comité “para no ser redundante y acumulativo”.

“Como ustedes saben ya yo he comparecido, tanto ante la OAT como ante el Departamento de Justicia (DJ). Lo correcto… es poder entonces acceder a esa declaración…”, sostuvo.

“Tan pronto tenga copia yo se la estaré facilitando a la comisión”, mencionó al agregar que las preguntas que se le hicieron hoy fue datos como su nombre y profesión.

“Pero cuando entramos a fondo sobre los hechos específicos que se suscriben a octubre del 2016, pues precisamente eso fue lo que respondí ante la OAT y lo propio es que esta declaración, que ya está ahí, que es una amplísima, pueda entonces servirles a ellos”, argumentó.

De otro lado, el exfuncionario criticó la forma en que se han llevado los procesos “hasta el día de hoy” porque el curso “no ha sido el apropiado”.

Indicó que “se han hecho declaraciones públicas, de parte incluso de los miembros del comité, y eso vicia el proceso de investigación y lacera los derechos de los testigos, de las personas que vienen a aportar”.

Agregó que “al mismo tiempo redunda en el sentido de que se puede convertir en un malgasto de dinero público sobre un asunto que se puede catalogar como político cuando realmente deben enfocarse en lo que precisamente es el propósito de la investigación, identificar si hubo alguna irregularidad y referirla a los foros pertinentes”.

Villafañe aseguró que también alertó al comité “de que tengan en cuenta de que ya esto está asignado a un Fiscal Especial Independiente, que es un foro ya mucho más adelantado, que precisamente lo que ha sido investigado”.

Ayer, la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, indicó que del informe presentado por el DJ surge que Ramos Sáenz “pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral, así como de la Ley de Ética Gubernamental”.

Por su parte, la comisionada alterna del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, negó que le hayan concedido 30 días a Villafañe para entregar la declaración que hizo ante la OAT, porque al 31 de mayo se espera que el comité someta los resultados de la investigación.

“Él se comprometió con nosotros a obtener copia de las declaraciones juradas, nosotros trabajar el informe con ellas; de nosotros necesitar información, pues entonces se le llama y él comparece”, sostuvo.

Aclaró que nunca se habló de un mes para que ocurra esta entrega, porque  ella fue “enfática en que teníamos que terminar esto para el 31 de mayo”.

Si fuese necesario retrasarlo algunos días, sería posible, pero no un mes, reiteró la funcionaria.

Sobre las críticas de Villafañe, de que incluso miembros del  comité han hecho declaraciones sobre el proceso,  Angleró recordó que “el procedimiento, en una instancia se pidió que fuera confidencial (pero) el Partido Nuevo Progresista (PNP) indicó reparos en cuanto a eso…”.

Agregó que, en su caso, no ha hecho ninguna conclusión “de que x persona ha cometido algún delito”.

Mientras, en horas de la mañana de hoy compareció ante el mismo comité el exsubadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz.

Este no accedió a ser cuestionado, según reportó El Nuevo Día.

Antonio Sagardía, su representante legal, dijo a la salida de la CEE que “le planteamos a la comisión que nuestro cliente no se iba a someterse a interrogatorio. No (estamos) planteando nada de autoincriminación, simplemente que yo no confió en la investigación porque la investigación ha estado llena de filtraciones, de comentarios y que en mi opinión se ha convertido en una cacería de brujas”.

Angleró alertó que evaluarán si acudirán a los Tribunales para obligar a Arroyo Muñiz a someterse al interrogatorio en tanto no invocó su derecho a no autoincriminarse.

Mientras, Sagardía  mencionó que  la investigación de la CEE no tiene ningún mérito ante el anuncio de que los fiscales especiales independientes, Ramón Mendoza e Iris Meléndez, investigarán lo relacionado a las comunicaciones electrónicas entre el exjuez Ramos Sáenz y miembros del Plan para Puerto Rico. 

Sin embargo, el presidente interino de la CEE, Nicolas Gautier, dijo que esa agencia es la que tiene la jurisdicción primaria en la investigación sobre posibles delitos electorales y que los referidos sobre presuntos delitos al código electoral tienen que consultarse con la CEE. 

Para el lunes fue citada ante el comité la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, “para ir sobre unos puntos que tenemos duda todavía en su declaración…”, dijo Angleró.