El Departamento federal de la Vivienda (HUD, por sus siglas en inglés) le señaló a la administración del gobernador Alejandro García Padilla violaciones a leyes federales y falta de cumplimiento a los acuerdos sostenidos para el uso de fondos emitidos para residencias públicas y Sección 8, al depositar el dinero otorgado en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y dilatar su uso por órdenes del Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Varias cartas emitidas por HUD y hechas públicas este lunes por el secretario general del Partido Nuevo Progresista, José Aponte, revelan el esquema con millonarias sumas de fondos federales emitidos a la Isla.

Las cartas emitidas por HUD para señalar las irregularidades son firmadas por Jamine A. Bryon, asistente general de la Oficina de Vivienda India y Pública, adscrita al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal. Estas están dirigidas a Alberto Lastra Power, secretario del Departamento de la Vivienda en la Isla.

“Se acaba de destapar la verdad. La administración del Partido Popular Democrático (PPD) ha estado depositando, contrario a regulaciones, millones de dólares en fondos federales asignados al Departamento de la Vivienda, así como a la Administración de Vivienda Pública, entre otras, en el BGF. Esta es una violación crasa al Contrato Consolidado de Contribuciones Anuales (ACC, por sus siglas en inglés) y así se lo dejaron saber al secretario de Vivienda, Alberto Lastra. Se está violando la Ley al realizarse estos depósitos. Ahora, con la intervención de los federales, la administración está corriendo a ver cómo encuentra dinero para resolver la insuficiencia causada por su temeridad al jugar con dineros que no eran del Estado”, denunció Aponte en comunicado de prensa.

En las misivas se les exige a Vivienda local que inmediatamente cambie los fondos destinados a vivienda pública y a Sección 8 ingresen alguna cuenta de una institución certificada por una entidad de seguros federal, como el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) o de la National Credit Union Share Insurance Fund. Además, se les exige acciones correctivas para que los fondos sean transferidos a un 100%, entiéndase con los intereses generados.

Se afirma que de no seguir las instrucciones dadas, HUD tomará “acciones remediativas”. No se dieron detalles de cuáles serían.

Una de las cartas, de hecho, expone que durante la semana del 6 al 10 de abril la agencia federal realizaría una revisión de las finanzas del Departamento de la Vivienda en Puerto Rico. Requirieron “total acceso a los documentos, récords y materiales” que ayuden a hacer la revisión.

Otra de las cartas expresa la preocupación que tiene la agencia federal en que OGP tenga el control sobre el uso de fondos, ya que “esa interferencia ha resultado en un retraso en el gasto de los fondos y como consecuencia que no se cumpla con el Procedimiento del Gasto de Dinero (establecido por la agencia federal)”.

Aponte explicó que OGP no puede controlar el uso de los fondos, porque violenta la subsección 990.310 del Código de Regulaciones Federales (CFR) 24.

Por otro lado, en su denuncia pública, el secretario del PNP alegó que el Gobierno del PPD ahora tiene prisa en aprobar el Impuesto al Valor Añadido (IVA) para poder cumplir con las exigencias dadas por HUD de transferir todo los fondos federales asignados para vivienda pública y Sección 8 a un banco privado.

“Más claro no se puede ser. La funcionaria le dijo a Lastra que violentó el ACC y el CFR. El resultado es que no se puede depositar más dinero federal en el BGF, tienen que sacar lo que esté ahí, y en este caso estamos hablando de fondos asignados al Plan 8 de ‘vouchers’ para pago de renta y vivienda para nuestra gente, entre otros fondos. Aquí el gobernador cree que puede hacer lo que quiera con los dineros de otros. Es obvio que depositó esos dineros, de forma ilegal, con el objetivo de que el BGF los utilizara para cuadrar la caja. La estrategia no funcionó, el gobierno federal se dio cuenta y está tomando acciones”, opinó Aponte.