La representación legal de Walmart Puerto Rico intenta plantear que el gobierno estatal no tiene fondos suficientes para operar, por lo que le implantaron un impuesto que entienden es inconstitucional e injusto a través de la Ley 72, aprobada el 29 de mayo de 2015.

Por segundo día consecutivo en el juicio a nivel federal, Walmart Puerto Rico sentó en el banquillo de los testigos a personal del Departamento de Hacienda para preguntar por la cantidad de dinero en caja y la precaria situación fiscal que enfrenta el Gobierno.

En medio del juicio por tribunal de derecho ante el juez federal José A. Fusté, la asistente del secretario de Hacienda, Juan Carlos Zaragoza, Yaimé Rullán, indicó que cada petición de desembolsos de distintas agencias se atiende una a una para ver las que tienen prioridad. 

Indicó que ella se reúne con Zaragoza diariamente para atender las peticiones, a ver cuáles se pagan al momento y cuáles no, dado a que no hay fondos suficientes para atender todas las solicitudes. A preguntas del abogado Steven Shepard, confesó además que hay cheques ya hechos guardados en bóveda desde octubre de 2015.

La supervisora de la división de conciliación de Hacienda, Ileana Molina, destacó que en la cuenta operacional o cuenta del secretario -con la que se paga la nómina, reintegros, desembolsos a agencias, entre otros- habían $195 millones en enero de 2015, que su punto más bajo el año pasado fue en junio con $13 millones, y que en diciembre pasado, estaba en $66 millones.

Anteriormente testificó el vicepresidente de especialista en impuestos de las oficinas centrales de Walmart Inc., Anthony Walker, quien indicó que, supuestamente, con la Ley 72, por cada $1 de ganancia para Walmart Puerto Rico, tendrían que pagar al Gobierno $1.14.

El citado estatuto reforma el sistema contributivo de Puerto Rico y adopta diversas medidas para atender la crisis fiscal vinculada a una deuda de más $72,000 millones en un escenario sin fuentes de repago y sin acceso a los mercados.

En la demanda incoada por Walmart contra el Gobierno de la Isla se reclama que el Tribunal Federal declare inconstitucional la Ley 72, que cambió la tributación aplicable sobre compras entre la compañía matriz y su centro en Puerto Rico ("transfer pricing").

Cuando uno de los ocho abogados de Walmart Puerto Rico, Neal Manne, preguntó a Walker si Walmart en la Isla puede operar con el citado impuesto, respondió que esa era una pregunta "delicada".

"Déjeme comenzar diciéndole que la razón por la que se radicó la demanda es porque queremos seguir aquí operando las tiendas, proveyendo empleos a 14,000 asociados, continuar apoyando a la comunidad. Se invierten $1.6 billones anuales en compras. Queremos seguir siendo parte de la solución, pero si tenemos que por cada $1 de ganancia, pagarle al Gobierno $1.14, eso no es sostenible”, afirmó Walker.

“¿Qué pasaría bajo ese escenario? Recientemente cerramos siete tiendas aquí, y 250 a nivel mundial. Ya es un escenario difícil para operar. No podemos continuar bajo ese escenario", dijo Walker.

El deponenete dijo que tuvieron conversaciones con otras compañías en la Isla y no encontraron a nadie que le aplique la Ley 72. Walmart Puerto Rico es la única que tiene que pagar dicho impuesto, alegó el empresario.

También dijo que se reunió al respecto con los presidentes legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, así como con los legisladores Jenniffer González, Luis Vega Ramos, Ángel Rosa, Rafael "Tatito" Hernández y Manuel Nadal Power. Otros representantes de Walmart se reunieron con ayudantes del gobernador Alejandro García Padilla, mencionó.

En esas conversaciones alegó que hubo funcionarios que se referían a la Ley 72 como el "Walmart Tax" y que la impresión que se le dio fue que estaban más preocupados por sacar dinero para las arcas gubernamentales y no en si el estatuto era justo o no.

El director de contabilidad de Walmart Puerto Rico, Humberto Martínez, indicó que la empresa compra $400 millones a suplidores locales.

El juicio continúa mañana, jueves, cuando se espera que el propio Zaragoza testifique.

Previo al comienzo del juicio, Fusté emitió una orden de protección para que los documentos que se presentan a los testigos como prueba no se vean en sala por el público, además de una orden de mordaza que impide a la batería de abogados de ambas partes -muchos de Estados Unidos- y testigos comentar sobre los procesos.

La demanda sometida por Walmart Puerto Rico contra el secretario de Hacienda, Juan Carlos Zaragoza, fue presentada en el Tribunal Federal el pasado 4 de diciembre y cuestiona la constitucionalidad de la Ley 72 de 2015.

La parte demandante alega que la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, la de igual protección, así como la ley de relaciones federales. La tasa contributiva es estimada por la empresa en 91.5%. Alega que esa tasa sería la más alta en cualquier sitio donde operan y, de mantenerse, sería "devastador" para la compañía.

Walmart Puerto Rico opera 55 tiendas en la Isla, incluyendo los Walmart Supercenters, Walmart, los Sam’s Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo. La empresa, según uno de los testigos, emplea a 13,400 personas. En la Isla, la mayoría del personal opera a tiempo parcial y en jornadas fragmentadas. La compañía alega que recaudan casi $100 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) anualmente.