Wilma Pastrana repudia procesos adoptivos que tardan años

01/24/2013 |04:34 p.m.
La primera dama Wilma Pastrana. (gerald.lopez@gfrmedia.com)  
"La ley (de adopciones) se va a evaluar. Ese es el compromiso", dijo Pastrana al ser abordada por periodistas al culminar su participación en una actividad de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) en Guaynabo.

La primera dama Wilma Pastrana se pronunció este jueves, en contra de procesos de adopción que toman años y reconoció que como los trámites locales en ocasiones se tornan cuesta arriba, muchas parejas optan por convertirse en progenitores adoptivos de niños o niñas en otros países.

"La ley (de adopciones) se va a evaluar. Ese es el compromiso", dijo Pastrana al ser abordada por periodistas al culminar su participación en una actividad de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) en Guaynabo.

A preguntas de este medio, Pastrana sostuvo que a muchas parejas "se les hace el camino un poco pedregoso" y consideró "injusto" que el trámite para completar una adopción se prolongue por "años".

Estimó que no es justo un trámite demasiado largo para los interesados en adoptar, así como para los niños y niñas pendientes de que su adopción se complete, pero reconoció que hay insatisfacción de diversos sectores en cuanto a las disposiciones de la ley aplicable, enmendada a fines de 2012.

En tal sentido, agregó que la nominada secretaria de la Familia, Idalia Colón, va a evaluar el estatuto recién enmendado, que creó un sistema para completar el trámite en un término máximo de 75 días.

La autora de las modificaciones hechas a la ley de adopciones en diciembre pasado, Jennifer González, reclamó este jueves, que no se cambie lo legislado a fines del cuatrienio.

La iniciativa de González fue la que estableció el término de 75 días para completar las adopciones y también relevó a la rama judicial de trámites que por décadas correspondieron a los jueces, pero que a tenor con la nueva ley, serían responsabilidad de personal en el Departamento de la Familia.

 El Colegio de Abogados, poco antes de aprobarse le legislación de la autoría de González, se pronunció en contra de los cambios a la ley por no garantizar imparcialidad en los procesos.

Además, denunció que no hubo una amplia consulta, ni vistas públicas sobre el cambio al estatuto y planteó que el mismo abre la puerta a que Puerto Rico se convierta en "un paraíso de adopciones exprés", algo sumamente criticado por entidades internacionales defensoras de los derechos humanos.

La directora de la Oficina de la Administración de los Tribunales, Sonia Vélez, por su parte, también rechazó los cambios y pidió en vano al exgobernador Luis Fortuño que la vetara por entender que la misma propicia un conflicto de interés ya que el Departamento de la Familia sería juez y parte en el proceso de adopciones.

Vélez recordó que el Departamento de la Familia interviene regularmente en situaciones en que se da la remoción de los menores de edad que han sido víctimas de maltrato o negligencia” y algunos de esos niños o niñas eventualmente puede ser candidatos a adopción.

La funcionaria se refirió entonces a que "el propio Departamento de la Familia tendría que juzgar si esa actuación se hizo o no conforme a derecho, convirtiéndose en juez y parte a la misma vez”. Por eso insistió en que un ente “independiente e imparcial”, como la rama Judicial, debe retener las determinaciones de conceder o negar una adopción.

La representante González argumentó que "buscar un hogar seguro en el cual el niño o niña pueda desarrollarse, sin tener que ser víctimas de la burocracia, es el fin de esta ley, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara, siendo respaldada por todos los miembros de la delegación del PNP y el PPD".

González planteó en un comunicado de prensa que la legislación de su autoría tomó "acción contra el abandono de menores dejados en zafacones y bolsas plásticas como en varios casos reportados" y, a su vez, evita que esos niños "pasen sus días en el limbo, siendo revictimizados por el Estado.

 “El bienestar de un menor no puede estar en lista de espera, es un asunto de emergencia en el cual el Estado debe tomar las medidas necesarias para ubicar al menor en un hogar seguro, con premura”, declaró la legisladora cameral y portavoz novoprogresista.

Recordó que en 2009, en el país "había miles de menores que habían crecido en hogares de crianza, sin poder ser adoptados; tampoco que el hogar de crianza, cobra dinero por cuidar y velar a los hijos del Estado".

Opinó que "no podemos permitir posponer la adopción de nuestros niños, mientras estos crecen en la inestabilidad y recibiendo servicios terapéuticos. El ayudar a un padre que desea rehabilitarse como agresor, no puede tronchar las oportunidades de ser feliz a miles de niños y niñas que anhelan ser amados y que no desean crecer en una institución. Hay que tener mucho cuidado con este balance de intereses”.