El gobernador Ricardo Rosselló convirtió hoy en ley el proyecto legislativo que crea el plan de reorganización de la Junta de Reglamentación de Servicio Público (JRSP), un movimiento que consolida a cinco agencias bajo una misma sombrilla  y que deja abierta la posibilidad de despidos en estas dependencias.

La Comisión de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Energía de Puerto Rico, la Oficina Independiente de Protección del Consumidor (OIPC) y la Administración de Energía forman parte de la fusión que, según el Primer Ejecutivo, supone un ahorro de $12 millones en su primer año y alrededor de $70 millones en cinco años.

Rosselló sostuvo que la consolidación era parte del plan fiscal que se había discutido durante los pasados meses y que la misma responde a la “realidad fiscal de Puerto Rico”. Insistió que los servicios a la ciudadanía no se verán afectados y que, sobretodo, el proceso garantiza que la Comisión de Energía, de ahora en adelante conocida como Negociado de Energía, continuará con sus poderes “intactos”.

Sin embargo, no pudo dar garantías de sostenibilidad de empleos cuando un periodista le inquirió la siguiente pregunta: “Gobernador, ¿cuántas personas perderán sus trabajos?”.

Entonces Rosselló comenzó por explicar que el plan de reorganización requerirá de una serie de funciones que se ejercen bajo nombramientos y, en ese sentido, adelantó que se alterarán los comisionados en cada una de estas dependencias. Por ejemplo, la Junta de Telecomunicaciones y la Comisión de Servicios Públicos reducirán de siete a tres sus comisionados; mientras que la Comisión de Energía los aumentará de tres a cinco. Esos nombramientos se evaluarán y se darán a conocer en los próximos 30 días.

Luego, sin precisar una respuesta categórica a la pregunta que se le hizo sobre la posibilidad de despidos Rosselló indicó que en el proceso se evaluarán también unos esfuerzos a través de la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, mejor conocida como “Ley de Empleador Único”.

“Van a haber otros esfuerzos que estamos buscando con Empleador Único y con el Programa de Transición Voluntaria, entre otros, para poder identificar los recursos humanos necesarios para que esta agencia tenga funciones efectivas… otro recursos los podríamos disponer en otras agencias”, dijo el Primer Ejecutivo sin abundar más al tema.

El Programa de Transición Voluntaria fue creado en 2017 con el fin de que empleados públicos se acojan a una renuncia voluntaria incentivada y puedan transicionar al sector privado o al tercer sector mientras continúan devengando su salario por un término establecido o por un pago englobado. Rosselló no detalló los términos que corresponderían a los empleados de las cinco agencias que se consolidaron.

De vuelta al tema de la consolidación dijo que como parte de la nueva estructura administrativa los integrantes de Negociado de Energía conservarán a sus miembros actuales “con su término completo y su nombramiento”.

El presidente del  Negociado de Energía, Edison Avilés, dijo que la nueva ley garantiza la independencia de la entidad y dijo que su enfoque continuará siendo en la fiscalización de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Dijo que el único cambio será en términos administrativos y de ahorros pues bajo la sombrilla se compartirán los mismos recursos legales, de recursos humanos, financieros, entre otros. Además,  se agregó una enmienda -sugerida por la Legislatura- para que las determinaciones del Negociado de Energía solo puedan ser revisadas en el Tribunal de Apelaciones.

Mientras, Rosselló expresó que no debe haber rechazo a la consolidación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal pues la misma fue discutida y sometida bajo el plan fiscal entregado por el Gobierno y que la única petición, dentro de la discusión de la medida en la Legislatura, era garantizar que la Comisión de Energía mantuviera sus poderes y ley “intactos”. También negó que el proceso propicie la politización de la AEE, un tema que ha sido discutido a modo de preocupación en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal.