Tras el infructuoso último intento del gobernador Ricardo Rosselló porque se diera paso en el Senado a un proyecto que derogaría la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley 80) -uno que daba luz verde al Gobierno para cumplir con el acuerdo presupuestario adoptado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero que daría un golpetazo a los trabajadores de la empresa privada- la pregunta que continúa en el tintero es: y, ¿ahora qué pasará con el presupuesto general para cumplir con los gastos operacionales de la administración pública en el presente año fiscal?

¿Se validará el aprobado por la Legislatura y firmado de forma “simbólica” por el Gobernador provocando un enfrentamiento con el ente federal? ¿Se impulsará de automático el emitido por la JSF? ¿Llegará la disputa al tribunal?

La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $8,709 millones, el cual es menor por $48 millones al certificado el sábado por la JSF., éste, al no derogarse la Ley 80, elimina el

Bono de Navidad y otros derechos laborales para los empleados públicos.

Hasta anoche, todavía quedaba en el limbo bajo cuál esquema opera al sol de hoy el Gobierno, a pesar de que la Ley PROMESA es clara en que en virtud del estatuto debe regirse por el establecido por el organismo federal.

Rosselló dijo el lunes que el presupuesto firmado por él sería el que se ejecutaría, pero la misma aseveración la hizo horas después la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien advirtió que de no hacerse valer la versión certificada por ellos irían al tribunal.

Primera Hora intentó corroborar a través de mensajes de textos enviados a portavoces de prensa en La Fortaleza (Yennifer Álvarez) y el Departamento de Hacienda (Iliana Rivera) si la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) había asignado a las agencias las partidas correspondientes bajo cualesquiera (de la JSF o la aprobada por la Legislatura) de las nuevas distribuciones de presupuesto, pero al cierre de esta edición se hacían trámites para verificar los datos.

El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, había explicado a inicio de esta semana que se necesitan con premura esas partidas para todas las compras pendientes a realizarse a partir del 1 de julio.

“Hasta que no tengamos un presupuesto entrado en OGP, yo no puedo hacer pagos”, dijo Maldonado a El Nuevo Día.

Mientras, los hipotéticos escenarios expuestos bajo interrogantes son posibles y tienen sus extensiones legales, a juicio del abogado y conocedor de la Ley PROMESA, Rolando Emmanuelli, para quien hay dos panoramas.

“El Gobernador tiene que escoger la respuesta que pondrá en vigor. Recordemos que él dijo que lo que firmaba era simbólico y si nos vamos al significado de lo que es simbólico, pues no vale nada y se haría valer el presupuesto de la Junta. De otra parte, la situación le permite enfrentar a la Junta diciendo, afirmando y actuando en conformidad con el presupuesto que aprobó la Legislatura. Y ahí se crea la controversia judicial”, explicó Emmanuelli.

Agregó que de entrar en operación la versión de la JSF, la Legislatura podría escoger llevar a cabo una impugnación legal con argumentos que serían limitados, pero que incluirían reclamar ante el tribunal que la Ley PROMESA es “inconstitucional”, como se detalla en una demanda de gremios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

“Creo que esta controversia es la tormenta perfecta para que el gobierno de Rosselló se gane un lugar en la historia atendiendo issue de casos insulares. Si escoge apegarse a lo expuesto por la Junta, será otro político más en la historia que no hizo nada en este País… y aunque desearía con todo el corazón que se enfrentara a la Junta, su comportamiento de gobernador durante el mandato es de acomodo. En sus manos está el cambiar esa postura acomodaticia que ha asumido con la Junta enfrentándola ahora”, opinó.

De otra parte, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, indicó que tras la derrota del Gobernador en su intento por derogar la Ley 80 debe dejar a un lado los conflictos “político internos en su colectividad, porque está comprometiendo lo que son los intereses del País en términos generales”.

“El País no debe ser rehén de esa lucha de poder”, agregó.

Detalló que miembros del PIP se reunieron con los líderes de los principales partidos para crear un frente común contra la JSF.

“En esos elementos mínimos coincidimos… Puerto Rico necesita un mecanismo de reestructuración de deuda que nos proteja, pero eso no significa que tenemos que aceptar la imposición de una Junta ni cumplir con sus caprichos. El gobernador y el presidente del Partido Popular Democrático (Héctor Ferrer) lo vieron con buenos ojos. Pero en el caso del gobernador no ha designado a la persona que anticipó designaría para ultimar detalles para la ejecución de ese frente común”, expresó.