La ex secretaria del Departamento de la Familia catalogó como una "cacería de brujas" los señalamientos en contra de su gestión como titular de la agencia y aseguró que está disponible para discutir, "en foros serios", todo los relacionado con su administración.

"Estuve disponible para reunirme antes de salir del Departamento de la Familia, pero han optado por iniciar una cacería de brujas. Ellos olvidan cómo dejaron ese departamento que recogen hoy, pero yo no, y eso también debe ser discutido", indicó Yanitsia Irizarry al destacar que las órdenes para el manejo de casos del DF son públicas.

"Lo que yo tardé en detectar por la forma de llevar las estadísticas con palitos, hoy lo pueden ver con mayor fluidez porque se mecanizó el proceso y se diligenció el tramite que se dejó morir en el proceso arcaico del pasado", reiteró la abogada, quien así le salió al paso a los señalamientos de que durante su administración se dejaron de investigar 42 mil querellas de maltrato.

Irizarry afirmó que no se prestará para "dimes y diretes", pero aprovechó para destacar que cuando llegó a la agencia la encontró abandonada y deteriorada.

"En la Primera y Segunda Cumbre de Derecho de Familia, y el Primer y Segundo Simposio de Trabajo Social, en los cuales esta servidora se dirigió a los miles de trabajadores del Departamento de la Familia, servidores públicos y fiscales, recordándoles que la política del Departamento de la Familia es la cero tolerancia al abuso y un rescate de nuestra niñez a través de mecanismos proactivos y eliminando laxitud y burocracia de nuestros protocolos; resumen las directrices y postura de mi gestión", detalló en un comunicado de prensa. 

Según ella, se destinaron recursos para fortalecer el área de protección, dentro de los que figuró el reclutamiento de 110 nuevos trabajadores sociales, 50 asistentes de servicios (ayudantes de trabajadores sociales) y la adquisición de más de un centenar de vehículos "suv"  nuevos que en su rotulación difundían la línea de emergencia del Departamento "para que cuando esos vehículos transitaran, los ciudadanos tuvieran conocimiento de donde tenían que llamar para ayudarnos en el rescate de nuestros niños y niñas".

"Todas las directrices respecto a la política pública implementada por para asuntos de nuestros niños y adultos mayores han sido públicas y no tomadas en cuartos cerrados. Por lo que no debería existir margen alguno para la especulación, tergiversación o interpretación equivocada. Además de lo mencionado, en una agencia de aproximadamente siete mil empleados, tuve que tomar decisiones difíciles dentro de las cuales figuró la expulsión de directores por conducta inadecuada con nuestros niños y el despido fulminante de trabajadores sociales, cuando surgía de la investigación que no habían atendido el caso. Lo propio también lo hice con los supervisores de estos trabajadores sociales", recalcó.  

El caso Ferrer

Acerca del exrepresentante popular Héctor Ferrer, quien denunció que fue una persecución política la investigación que realizó el DF para “quitarle” a su hijo menor, Irizarry se reiteró en que ella no llamaba ni daba directrices a trabajadores sociales.

"El ex legislador está contradiciendo la gestión del Departamento porque pretendía que no se atendiera su caso utilizando a terceros para coaccionarnos. Que no olvide que fue su ex compañera, quien lo acusó en aquel momento y dio paso a la investigación. Este caso fue uno activo en la agencia porque un trabajador social entendió que existían elementos. Contrario a ello, y en un foro distinto, en el ámbito criminal, al no encontrarse los elementos necesarios, se cerró su caso como se cierran miles de casos donde no hay prueba", señaló.