A juicio del economista José Alameda, la decisión del juez federal, Francisco Besosa, declarando inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla,  deja al gobierno de Puerto Rico desprotegido y sin base para negociar un plan de pago con los bonistas.

“Puerto Rico tiene un problema real: y si no puede pagar, ¿qué va a hacer?  Entonces, ¿van a embargarle los camiones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la infraestructura de energía,  de producción energética?”, cuestionó el economista.

“¿Se van a llevar las carreteras? Puede ser cualquiera de las corporaciones. Puede ser la Autoridad de Carreteras. Puede ser la Triple A”, dramatizó Alameda, cuestionando si para pagarle a los bonistas vamos a dejar de dar luz  y de darle mantenimiento a las plantas.

Aclaró que lo que el juez Besosa declaró inconstitucional por ser, según el magistrado,  campo ocupado, es  la  Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

“¿Dónde queda el plan  de reestructuración de deuda de la Autoridad?  Porque la reestructuración de la  deuda  presupone que negocie con los bonistas condiciones de pago. Los bonistas lo que están diciendo es: ‘¿Qué  negociación de qué? Págame’”, apuntó.

“¿Van a confiscar una planta de Cambalache? ¿De Costa Sur? ¿Van a dejar a Puerto Rico sin luz porque ellos quieren cobrar?  Que enfrenten lo que es parte de la ecuación de inversión:  el riesgo”, dijo.

Alameda explicó que el proceso de reestructurar la  deuda no es otra cosa que: “yo contrato gente que me asesore en cómo yo establezco los pagos”.

“Yo tengo una deuda y no puedo pagarla. Lo que le estoy diciendo es: ‘antes mis ingresos eran buenos. Ahora no lo son. Tengo que hacer un plan de pago. Cómo te pago. Bajo qué condiciones’”.

“En esa medida como que quedamos desprotegidos en términos de la negociación. Entonces la estructura capitalista que se crea con Moody y estas agencias le imponen condiciones a un país pobre .  Es como un desbalance de fuerzas. Hay unas decisiones que favorecen a los más fuertes”, acotó.

“Porque hay un punto aquí importante. Es lo mismo que pasó con Argentina. Todos estos bonistas quieren dos cosas:  buscan rendimiento pero tienen riesgos. El riesgo es inherente dentro de esa ecuación. Tal parece que ellos no quieren enfrentar el riesgo y van a la corte en auxilio para que le eliminen parte inherente de una   inversión financiera, que tiene carácter  especulativo”, ilustró.

De acuerdo a Alameda, con la Ley 71 nunca se habló  de dejar de pagar, sino de vamos a hacer un  plan de pago.

Habrá que esperar a ver, dijo, qué va a hacer el Departamento de Justicia y si apelan en el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston.

“Los bonitas invirtieron. Este es el capitalismo salvaje. Por eso Grecia hizo lo que hizo”, dijo.