El Municipio de San Juan solicitará hoy  una reconsideración de la sentencia de la jueza Aileen Navas, del Tribunal Superior de San Juan, tras la paralización del reclamo  para el desembolso de $17.1 millones en poder del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) del sobrante de la Contribución Adicional Especial, un dinero proveniente del prepago de los préstamos municipales.   

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, hizo el anuncio al reaccionar a las expresiones del juez Juan R. Torruella, durante la asamblea del Colegio de Abogados de Puerto Rico, quien opinó que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en Inglés) “representa el acto más denigrante, antidemocrático y colonial que se haya visto, además de ser un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico… Permítanme sugerir organizar un movimiento de resistencia civil”.

Cruz Soto indicó que un ejemplo de resistencia también es acudir al tribunal para solicitar que se desembolse el dinero -detenido por la Ley Promesa- destinado para ofrecer servicios básicos a los residentes de su municipio.  

“Yo hice un llamado  hace un tiempo a la resistencia y, ¿cómo uno resiste? Una de las formas que uno resiste es mañana (lunes, cuando) el Municipio de San Juan va a acudir a la corte a pedir una reconsideración del caso, le secuestran $17.1 millones de la gente del municipio de San Juan”, indicó la alcaldesa. 

“Promesa ya está teniendo efectos negativos, ese es el dinero con el que estamos recogiendo la basura, con el que pagamos por servicios de seguridad”, añadió. 

Cruz Soto  hizo las manifestaciones al culminar una conferencia de prensa durante la inauguración  del área de reciclaje y el vivero en el parque Luis Muñoz Marín, cuya misión principal es generar empleos para los miembros del Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral, (Coderi), producir plantas para vender y apoyar esta organización y producir los arbustos y las flores que hay en el parque.  

“Y eso, en cualquier otro país sería un golpe de estado”, añadió, al referirse a la congelación de los fondos.