Caguas.- Valerie Negrón Luna y su esposo Bryan Castillo Batista enfrentarán juicio por maltratar a sus cuatro hijos, incluyendo a una de sus gemelas de cinco años, quien presentó un cuadro de desnutrición severo que casi le provoca la muerte, ya que, según la investigación de las autoridades, los padres no alimentaron adecuadamente a la pequeña niña.

Así lo determinó hoy, lunes, la jueza Alicia Velázquez Piñol, del Tribunal de Caguas, tras escuchar las argumentaciones finales de la defensa y el Ministerio Público, así como la parte final del testimonio de la perito en maltrato infantil, Maritza Salcedo Vélez.

Negrón Luna y Castillo Batista enfrentan individualmente cuatro cargos de maltrato bajo la Ley 246 o Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores por cada uno de sus hijos.

Al momento de los hechos, las gemelas tenían cinco años, otra niña tenía tres años y el varón solo 10 meses de nacido.

Salcedo Vélez concluyó que la niña de cinco años presentaba un cuatro de malnutrición crónico, lo que le provocó un atraso en su desarrollo y un disturbio metabólico, entre otros efectos negativos.

También determinó que la decisión de los padres de aislar a esa menor y ubicarla en un cuarto separada del resto de la familia, constituyó un acto de maltrato sicológico y emocional. La niña pesaba solo 20 libras cuando llegó al hospital tras la intervención de las autoridades que culminó con la acusación de la pareja.

Como parte de su análisis, Salcedo Vélez también determinó que la menor había sido maltratada físicamente y sufría de alienación social.

Para impugnar el testimonio de la perito, el licenciado Luis Maldonado Rivera, quien representa a Castillo Batista, siguió una línea de preguntas para tratar de establecer que la condición de la menor se debía al estado de pobreza en que vivía la familia.

Utilizando como preámbulo a sus preguntas, que su representado solo ganaba $1,000 mensuales en su trabajo como guardia de seguridad, intentó llevar a la perito a decir que la falta de ingresos familiares podía justificar la falta de nutrición adecuada en la niña.

"Mi experiencia es que los niños (de familias con menos recursos) llegan a Casa Cuna obesos", apuntó.

"Tendrían una mayor oportunidad, pero no podemos inferir que se la van a dar", agregó, sobre si una familia con recursos económicos podía ofrecer una mejor alimentación a sus hijos.

La licenciada Ana González Cabrera, quien representa a Negrón Luna, no hizo preguntas a la perito.

En las argumentaciones finales, la abogada defensora insistió en que la fiscal Cristina Caraballo Colón no había presentado evidencia que sustentara tres de las cuatro denuncias.

Insistió en que no existía una ley que obligara a su representada a vacunar a sus hijos y resaltó que esos tres menores no estaban en edad de ir a la escuela, por lo cual no se cumplía con la imputación de privación de una educación adecuada.

El licenciado Maldonado Rivera siguió una línea de argumentación similar.

"Qué Dios la ayude a decir este caso", afirmó.

La fiscal Caraballo Colón, por su parte, recordó que los imputados cambiaron el ciclo de sueño de sus hijos para que no molestarán a Castillo Batista mientras dormía.

También resaltó que los cuatro niños sufrían de alienación social porque no tenían contacto con otros menores puesto que no salían de casa y que pese a que una de las menores presentaba síntomas de autismo los padres no procuraron ayuda médica para la menor.

"Tenían servicio de WIC (programa para promover la buena nutrición), PAN (Plan de Asistencia Nutricional) y la reforma de salud. No hay excusa", sostuvo.

Indicó, además, que la Ley del Departamento de Educación tipifica como delito no enviar a un menor a la escuela y que la Ley 25 del 1983 estipula que había que vacunar a los hijos.

Pero en una réplica a este planteamiento González Cabrera notó que en ambas instancias se trataba de un delito menos grave para el cual la jueza no tenía jurisdicción.

La abogada también notó que ambas leyes estaban vinculadas al sistema de educación público y que los menores de este caso no tenían edad para acudir a la escuela.

La jueza discrepó de los planteamientos de los abogados defensores y determinó causa en todos los cargos. Los abogados solicitaron inmediatamente copia de la resolución y la regrabación del proceso como anticipo a una posible apelación o a una moción de desestimación de cargos.

Actualmente los cuatro menores residen en el estado de la Florida con los abuelos maternos, quienes tienen su custodia física.

Los cargos contra la pareja se sometieron luego de que el 7 de julio de 2014 la mujer arribó al hospital para procurar atención médica para su hija gemela de cinco años. Entonces, personal de la institución médica avisó al Departamento de la Familia ante la sospecha de maltrato.