Contrario a los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) afirmó este miércoles que la corporación pública podría cumplir con las métricas que impondría el proyecto de reforma energética, y rechazó que conlleven la construcción de nuevas plantas generatrices, sino la modernización de las instalaciones existentes.

Julián Herencia, director ejecutivo de la APER, opinó que la meta de, en dos años, producir el 60% de la energía en la Isla de generadoras "altamente eficientes" es razonable, pues no sería necesario comenzar desde cero la transformación de las instalaciones de la AEE, y lo que haría falta sería implantar tecnología más eficiente en las plantas que operan hoy.

"Si hay que empezar desde el principio con la permisología, dos años no es suficiente. La pregunta es si se puede alcanzar y cuán viable es hacer ese arreglo para que se pueda lograr en un término más corto de tiempo", dijo Herencia a preguntas del presidente cameral, Jaime Perelló, durante una vista pública de la Comisión Especial para una Nueva Política Energética.

El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, indicó el martes durante la primera audiencia pública que los parámetros que establecería el proyecto sustitutivo aprobado por el Senado resultan "irreales" e "inalcanzables", incluso para compañías privadas, pues requerirían la construcción de nuevas plantas generadoras, y eso podría tomar entre seis y ocho años.

Ante la falta de proyectos privados en desarrollo, Perelló resaltó que cualquier iniciativa para modernizar las unidades generatrices de la AEE tendría que financiarse con fondos propios de la entidad pública o mediante acuerdos de Alianzas Público-Privadas (APP).

Alicea presentó este miércoles formalmente su plan estratégico para reducir a 16 centavos el costo del kilovatio hora para el 2019, que incluye la modernización de unidades generadoras, así como ajustes administrativos. El término de dos años que concede el sustitutivo comenzaría a correr una vez se apruebe la legislación, que si sufre enmiendas, tendría que regresar ante la consideración del Senado, para entonces pasar a manos del gobernador, Alejandro García Padilla, para su firma.

Tanto el representante Jesús Santa, presidente de la comisión especial, como Perelló, dejaron entrever que podrían aprobar un modelo en el que las métricas de eficiencia para la AEE se implementen de manera progresiva. El líder de la Cámara de Representantes destacó que buscarán ponerle suficiente presión a la corporación pública, pero no aprobarán nada que "sepan que no es real" y que convierta a la legislación en letra muerta.

De otra parte, Herencia, al igual que los representantes de las compañías generadoras AES y EcoEléctrica, que producen el 30% de la energía de la Isla, advirtieron que el proyecto, según redactado, podría menoscabar las relaciones contractuales de la AEE con esas entidades privadas, y urgieron a revisar el lenguaje de la medida.

En específico, se refirieron a la facultad que tendría la Comisión Reguladora de Energía que se propone crear para imponer cargos a los productores de energía, incluida la AEE, para sostener sus operaciones, y los poderes que se le adscriben para revisar e, incluso, modificar las tarifas de electricidad, de ser necesario.

"En aquellas instancias donde median contratos ya suscritos entre el Gobierno y empresas privadas para la producción o compra de energía, las tarifas estipuladas, cláusulas o condiciones de dichos acuerdos no pueden simplemente ser eliminadas, alteradas o sustituidas por mero fíat legislativo o por dictamen de la comisión, cuya creación se propone en esta legislación", subrayó Herencia.

"La mera mención de leyes o disposiciones que pueden tener el efecto de revisar o cancelar relaciones contractuales existentes, levanta y activa serias preocupaciones que alarman y desalientan inversiones actuales o potenciales que resultan esenciales para nuestra economía actual", añadió.

Manuel Mata, presidente de AES, con sede en Guayama, fue más enfático al señalar que los contratos de cogeneradoras ya establecidos con la AEE para la compraventa de energía deben quedar fuera de la jurisdicción de la comisión reguladora, y las nuevas regulaciones de la entidad propuesta solo deben aplicar prospectivamente.

"Estas cogeneradoras, como es el caso de AES Puerto Rico, no brindan servicio de energía eléctrica directamente al público, y el precio y condiciones de generación de energía eléctrica ya están establecidas en disposiciones contractuales vigentes", resaltó Mata. 

Jaime Sanabria, copresidente de EcoEléctrica, también instó a los legisladores a velar por las garantías de seguridad jurídica y por el respeto a los contratos previos, y dijo que aunque entiende que la negociación de acuerdos de compraventa de energía con compañías privadas es la "mejor avenida" para bajar el costo energético, la AEE debe ser cautelosa y evaluar la capacidad de crecimiento que tendría la industria ante las proyeciones de que la demanda energética seguirá disminuyendo los próximos años.