Varios portavoces del movimiento estudiantil defendieron que no fue un tranque o un rechazo por parte de los alumnos lo que se dio en las negociaciones que se llevan a cabo en la Universidad de Puerto Rico.

“Nosotros entendemos que hay unos avances, pero hay unas ambigüedades también”, dijo Gabriel Díaz, del recinto de Río Piedras, una de las siete unidades en las que el estudiantado decidió no ratificar los acuerdos que anunció el sábado la Comisión de Diálogo Institucional (CDI).

La CDI recoge a los diversos sectores de la comunidad universitaria y la administración, con la participación del vicepresidente de la Junta de Gobierno (JG), Carlos del Río, y la secretaria Ejecutiva, Sandra Espada.

Los acuerdos incluyen una moratoria de un año a los costos de matrícula y mantener las exenciones mientras se evalúan otras medidas de eficiencias administrativas y otras iniciativas de ingreso; así como apoyar los trabajos de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público; rechazar los “recortes excesivos” al presupuesto de la UPR y la eliminiación o privatización de recinto, entre otros.

Pero para los estudiantes, hace falta especificidad.

En cuanto a la moratoria a un posible aumento de matrícula, Díaz explicó que la meta es ampliar el periodo y conseguir que también se detenga el aumento escalonado que entrará en vigor automáticamente. El documento debe constar, además, que no se aumentarán los costos a través de cuotas. También se acordó que no se iniciarán acciones disciplinarias contra los huelguistas, pero “no aplica a acciones que constituyan delito”.

Ante esto, Díaz afirmó que “hay una preocupación por parte del movimiento a raíz de la aprobación del nuevo Código Penal, ya que paralizar una institución universitaria constituye delito. Entendemos que tiene que estar explícito en ese documento que no se va a tomar en consideración ese tipo de delito”.

El Comité Negociador Nacional se reunió anoche para conciliar las preocupaciones de los estudiantes con el borrador y llevar propuestas puntuales a la próxima reunión del CDI.

Acompañado de la también portavoz Itzaira González, afirmó que hace falta poco “para cerrar los trabajos con la JG”.

Sin embargo, que se alcance un acuerdo definitivo a través de la CDI no necesariamente es sinónimo de que se levante la huelga, explicó Díaz, ya que aspiran a tener otros “niveles de negociación” con el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para evitar los recortes millonarios y con la asamblea legislativa para aprobar los proyectos de ley que presentaron hace dos semanas.

Empero a esto, la decisión final sobre levantar o no la huelga recae en los estudiantes reunidos en asamblea general. La presidenta del Consejo General de Estudiantes, Wilmarí de Jesús, dijo a Primera Hora que discutirán hoy la posibilidad de convocar la reunión.

Mientras tanto, la reunión con la JSF será este miércoles a las 9:00 a.m., pero aun no se ha establecido lugar. A este proceso se suma que esta tarde la JG reconsiderará el plan fiscal con $241 millones menos y la presidenta Nivia Fernández comparecerá hoy a tribunales por incumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones para abrir el recinto riopedrense y continuar las clases.