La investigación que conduce la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) desde mayo, tras determinarse que supuestamente existía una crasa negligencia en el cumplimiento de las políticas contra el hostigamiento sexual y la violencia doméstica en el municipio de Guaynabo, todavía sigue vigente a pesar de que hay un nuevo alcalde. 

Así lo estableció la directora interina de la OPM, Carmen Lebrón González, al culminar una reunión con el hoy ejecutivo municipal de Guaynabo, Ángel A. Pérez Otero. 

Ambos establecieron acuerdos colaborativos, coordinarán talleres para supervisores y empleados y dialogaron sobre su política pública en torno a los derechos de la mujer. 

El 5 de junio, Héctor O’Neill González, renunció a la posición de alcalde tras ser vinculado a violaciones a la Ley 54 por maltrato psicológico o emocional, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual, por acoso sexual y exposiciones obscenas, entre otras. 

“No malinterpreten, que yo esté aquí no quiere decir que el proceso lo olvidamos, el proceso continúa”, expresó la licenciada quien hizo énfasis en el carácter fiscalizador de la OPM y destacó que trabajan para que las conductas que fueron señaladas sean corregidas. 

La OPM le impuso sobre $30,000 en multas al municipio. La penalidad incluye a O’Neill González en su capacidad de alcalde y al director de Recursos Humanos, Eduardo Faría Rodríguez, por presuntamente dificultar el acceso a cierta información requerida como parte de la pesquisa y por incumplir con un plan de acción afirmativa. 

Pérez Otero aclaró que Faría Rodríguez todavía labora para el municipio porque regresó a su puesto de carrera. Mañana, adelantó, que va a nombrar al nuevo director de esa oficina y al nuevo jefe de la División Legal. 

Lebrón González explicó que una vez culmine la pesquisa, aunque no ocupen la posición, tendrán que responder en su carácter personal. 

Según se había hecho público anteriormente, del total en multas, $10,000 corresponden a violaciones a la ley que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo; igual cantidad por violaciones a la ley que ordena implantar protocolos para manejar situaciones de violencia doméstica en el ambiente laboral, e igual monto por infringir las normas que garantizan la igualdad de oportunidades en el empleo por género.

Como parte del proceso administrativo, la parte implicada, que es el municipio de Guaynabo, tiene que corregir los señalamientos y de acuerdo a su cumplimiento, la OPM determinará si tiene que pagar las multas en su totalidad, solo una porción de ellas o ninguna, agregó la funcionaria.