La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) reveló este jueves que solo entre el 3% y 5% de las 210 millones de transacciones que se realizan en las plazas de peaje alrededor de la Isla presentan alguna “anomalía” o irregularidad que podría terminar en una reclamación como las que han dominado la discusión pública en días recientes sobre la operación del sistema de AutoExpreso.

La licenciada Yasmín Santiago Zayas, asesora legal de la ACT y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), reconoció que en algunas instancias las quejas sobre las multas que se imponen a los usuarios al pasar a través del sistema de cobro electrónico se basan en problemas técnicos del equipo, pero enfatizó que en la mayoría de los casos se trata de personas que no tienen fondos suficientes en sus cuentas y no recargan a tiempo.

Santiago Zayas destacó que, aunque el sistema de AutoExpreso se estableció en 2003, no fue hasta el año pasado que el Gobierno comenzó a cobrar las multas por rebasar los peajes sin pagar, y ello provocó que muchos usuarios se acostumbraran a acumular su deuda a lo largo del año, y a saldarla cuando acudían a renovar su marbete.

“La ley estaba ahí (Ley de Vehículos y Tránsito), y la ley, desde que se legisló en el 2000, dispone la multa. Hubo varios esfuerzos por tratar de implementarla, y finalmente en marzo del año pasado fue que se implementó. Hubo varias instancias en que la Autoridad las empezaba a cobrar, y después las dejaba de cobrar”, manifestó durante una vista pública de la Comisión senatorial de Corporaciones Públicas y Alianzas Público-Privadas, que preside el senador popular Ángel Rodríguez Otero.

La abogada reconoció que, por más de una década, la ACT violó la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000), y a preguntas de los miembros de la comisión legislativa, no detalló las razones por las que eso ocurría, y se limitó a decir que entonces no laboraba en la corporación pública.

“El sistema de AutoExpreso pretende ser un sistema de prepago donde tú tienes un dinero acumulado y cuando pasas por las plazas de peaje, se te descuenta, y lo que se hizo fue que, en algunos casos, se convirtió en un proceso de post pago: ‘yo paso todo el año, al final del año reconcilio, si tengo $2,000 en peajes y la cantidad que sea en multas, se eliminaban todas esas multas manualmente y le daba los peajes nada más’”, abundó.

Santiago Zayas fue la más vocal en la vista legislativa, a la que también compareció la directora ejecutiva interina de la ACT, Carmen Villar Prados, y el subsecretario del DTOP, José Monroig.

Según la asesora legal, a pesar de que las multas no se cobraban, sí se enviaban a los ciudadanos las debidas notificaciones sobre las sanciones, lo que representaba para la ACT un gasto anual aproximado de $12 millones en trámites administrativos.

La ACT enfrenta una profunda crisis fiscal, que amenaza sus operaciones, y además, arrastra una deuda de unos $2,000 millones con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Me parece un acto de total negligencia administrativa. Por lo que he escuchado hoy (jueves), no es un problema en realidad tanto con el sistema de lectura de AutoExpreso, es un asunto administrativo, y falta de diligencia de la Autoridad por muchos años. No tiene que ver con lo que están haciendo ahora, que es haciendo cumplir la ley”, argumentó el senador popular José Nadal Power durante su turno de preguntas.

El contrato con la compañía TransCore, que opera y administra el AutoExpreso, está vigente desde el 2003, y vence el próximo 30 de junio. La totalidad de los recaudos obtenidos por concepto de las multas debían ingresar a una cuenta especial a favor de la ACT, pero Santiago Zayas comentó que el año pasado el contrato con la empresa fue enmendado para disponer que esos ingresos se emplearían para pagar la deuda acumulada que mantenía entonces la corporación pública con la entidad privada.

Durante el año fiscal 2013-2014, se recaudaron $22.8 millones por virtud de las multas, y durante los primeros seis meses del presente año fiscal, se generaron $19.4 millones.

Precisó que la ACT todavía le adeuda a TransCore $25 millones, y anticipó que durante las próximas semanas ambas partes se reunirán para discutir posibles alternativas para cancelar esa obligación.

Al inicio de la vista, Villar Prados reconoció que el sistema de AutoExpreso requiere ajustes, y recomendó revisar el monto de las multas -que es de $100-, aumentar el término para que los ciudadanos puedan impugnar la sanción administrativa o pedir una reclamación y mejorar los métodos de comunicación y notificación.

El senador Rodríguez Otero adelantó que se propone presentar un proyecto de ley para atender esos asuntos. En la Cámara de Representantes, ya fue sometida una propuesta con similares propósitos.

Santiago Zayas señaló que están próximos a firmar el contrato con el nuevo operador del sistema, y según dijo, ese acuerdo no solo supondrá economías de cerca de $12 millones anuales para la ACT, sino que contendrá nuevos parámetros de servicio al cliente y de calidad, y reforzará la fiscalización de las operaciones.