El Senado aprobó una resolución unánime para investigar la controversia con el pago de horas extra a los agentes del orden público y su impacto en el ausentismo de los oficiales del orden público.

Varios senadores, incluyendo al independiente José Vargas Vidot, se unieron anoche como autores a la resolución investigativa.

“Donde quiera que uno se para es la queja de que trabajan horas extra y que vienen de distintas partes de Puerto Rico, y que trabajan 11 y 12 horas diarias, especialmente después del huracán María. Es completamente injusto que a un profesional que arriesga sus vidas para que nosotros vivamos seguros en nuestras comunidades no se les pague las horas extra”, dijo el senador Henry Neumann, coautor de la medida junto con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Nosotros maltratamos a esos profesionales de los cuales dependemos para vivir en una comunidad segura”, argumentó Neumann, quien añadió que ante el desacuerdo entre los agentes con la comisionada del Negociado de la Policía, Michelle Hernández, “cada día encontramos más trabajando de brazos caídos (policías) y nos anticipamos a un boicot que puede haber la semana próxima”.

A comités de conferencias

En las postrimerías de la segunda sesión, que expira pasado mañana, varias medidas serán referidas en las próximas horas a comités de conferencias de ambos cuerpos legislativos.

Una de ellas es el Proyecto de la Cámara 1018, que establecería la “Ley de restauración de la libertad religiosa”, pero ayer no se habían nombrado los senadores y representantes que buscarán armonizar las diferencias.

Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría senatorial que controla el PNP, dijo que “se está buscando un lenguaje” para que la medida no sea vetada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“El lenguaje como está abría la puerta a incógnitas. No era muy claro en cuanto a cómo se practica la libertad religiosa en el servicio público. Vamos a tratar de atemperar a lo que ha sido la norma jurídica en el gobierno federal, según casos recientes. Se está buscando un lenguaje en el que todo el mundo pueda tener el ejercicio de la libertad religiosa y que los que piensan diferente también tenga la oportunidad de recibir el servicio”, sostuvo Ríos.

Otro proyecto de ley que iría a comité de conferencia es el que aumenta de 12 a 16 años los términos de los nombramientos de los jueces de Primera Instancia.

Contrario a lo que había acordado el Senado, la medida fue enmendada el domingo en la Cámara de Representantes para disponer que, además de extenderle el término por cuatro años más, los jueces puedan ser renominados.

Asimismo, el Senado confirmó ayer una ristra de nombramientos, entre ellos el de Javier Rivera Ríos como Comisionado de Seguros, y las designaciones de varios jueces superiores y municipales, así como integrantes de juntas y organismos del gobierno central.

Quedó sobre la mesa la renominación del juez superior Ángel R. Pagán Ocasio, quien presidió la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de San Juan. 

“Lo tenemos para evaluación. No está listo todavía”, aclaró el senador Ríos.