En medio de señalamientos de que se trató de una estrategia política para lograr la aprobación de las enmiendas a “la crudita”, la Cámara de Representantes validó este martes, con el mínimo de votos requeridos, el proyecto de ley que elimina de manera prospectiva el derecho al voto de los confinados.

El proyecto de la autoría del representante popular Carlos Vargas Ferrer y del novoprogresista Ángel Bulerín Ramos pasó el cedazo cameral con 26 votos a favor y 20 en contra.

Los representantes de mayoría Manuel Natal y Luis Raúl Torres le votaron en contra a la pieza, mientras que sus correligionarios Luis Vega Ramos y Brenda López de Arrarás se abstuvieron. De la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), solo Bulerín Ramos dio su voto afirmativo.

“Una persona que, por las razones que sea, le falla a nuestra sociedad, pasa por un proceso legal, se derrota esa presunción de inocencia, es condenado y convicto, y está en nuestras instituciones penales, además de la libertad, no debe tener el derecho que todos tenemos en la libre sociedad de poder elegir nuestro futuro político”, sostuvo Vargas Ferrer al asumir un turno para defender la medida.

“Creo que eso debe estar asegurado para aquellas personas que no le han fallado a ese pacto social y hacen el bien”, añadió el legislador.

Insistió en que la ley que, en 1980, extendió el derecho al voto a los reos es inconstitucional, pues la Sección 12 del Artículo II de la ley máxima establece que “la suspensión de los derechos civiles, incluyendo el derecho al sufragio, cesará al cumplirse la pena impuesta”.

Vargas Ferrer rechazó enérgicamente los señalamientos de algunos miembros de la delegación del PNP, como la portavoz Jenniffer González, respecto a que la medida fue llevada a votación este martes para lograr que apoyara el proyecto que enmienda la ley que aumentará el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados. Esa medida fue aprobada en la misma sesión con 26 votos a favor y 22 en contra.

El voto de los confinados fue aprobado por ley bajo la gobernación del novoprogresista Carlos Romero Barceló, quien eventualmente ha señalado de forma reiterada que está en contra de la participación electoral de los confinados.

Recordó Vargas Ferrer que tomó la iniciativa de presentar el Proyecto de la Cámara 1296, sobre el voto de los confinados, en julio de 2013. Agregó que no había que convencerlo sobre su voto en torno a “la crudita” porque ya había avalado otras dos legislaciones sobre el tema.

Sin embargo, el proyecto, que enmienda la “Ley Electoral de Puerto Rico”, fue incluido solo en un segundo calendario considerado durante la sesión legislativa, y el informe de la Comisión cameral de Gobierno que recomendaba su aprobación fue sometido este martes al mediodía.

El proyecto original sometido por Vargas Ferrer y Bulerín Ramos proponía eliminar el derecho al voto a todas las personas convictas de delito, pero la versión que finalmente fue ratificada limitó su alcance al quitarles el derecho al sufragio solo a aquellas personas convictas de delito grave. La prohibición se extiende hasta que la persona extinga su pena.

El propio Bulerín Ramos presentó una enmienda durante el debate para flexibilizar aún más sus disposiciones al proponer que se eliminara el derecho al voto solo a las personas convictas por los delitos de asesinato y homicidio.

“Nuestro pueblo se siente cada día más abrumado ante el auge que ha tomado la ola de asesinatos a lo largo y ancho de Puerto Rico. Un pueblo que se siente con miedo de salir de sus hogares por temor a ser una víctima más en las estadísticas oficiales. Me pregunto, y le pregunto a los compañeros, cómo es posible que un criminal que ha marcado para siempre a una familia, un hogar, que ya no es el mismo hogar ante la ausencia de ese ser querido que ha caído abatido por un criminal, tenga el privilegio de votar cuando ha faltado a la sociedad”, sostuvo Bulerín Ramos.

Entre la minoría del PNP, fue González la que criticó con más fuerza la movida del PPD de aprobar el proyecto sobre el voto de los confinados, según dijo, sin un análisis jurídico ni de política pública, y solo para “negociar” el voto sobre “la crudita”.

“Aquí negociaron el voto de los confinados a cambio del voto por la crudita”, afirmó la expresidenta cameral.

González, además, planteó que el proyecto, que ahora pasa ante la consideración del Senado, plantea interrogantes de índole constitucional, particularmente en torno a si sus disposiciones garantizan la igual protección de las leyes.

“Los que cometan delitos graves, a futuro, esos no van a tener derecho al voto, pero los que están presos por la comisión de los mismos delitos, esos sí tendrán derecho al voto. Usted tiene bajo la misma institución dos clasificaciones sospechosas porque estás separando a dos reclusos que han cometido el mismo delito, pero a uno le vas a dar el derecho a votar y a otro se lo vas a quitar”, señaló la portavoz del PNP en la Cámara.

Según el texto aprobado, la legislación entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación, y sus efectos serían prospectivos.

En su análisis, la medida contó con los comentarios del Departamento de Justicia y otras entidades, pero el Departamento de Corrección y Rehabilitación no sometió ningún tipo de comentarios sobre la pieza legislativa.