A pesar del reclamo del gobernador Alejandro García Padilla para que se le garanticen plenos poderes para declarar una moratoria en el pago de la deuda pública, la Cámara de Representantes le dio paso este lunes al proyecto que limitaría las facultades del primer ejecutivo al excluir las obligaciones generales y las deudas garantizadas por fuentes de recaudos a través de fideicomisos. 

El Proyecto de la Cámara 2864 (P. de la C. 2864) se aprobó en votación 35-4, y contó con el apoyo de toda la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), una movida necesaria para poder pasar ante la consideración del Senado, pues no contó con el aval de los representantes populares Manuel Natal, Luis Vega Ramos, Brenda López de Arrarás y José Báez.

Además de establecer excepciones sobre la moratoria, la medida incluye disposiciones para garantizar que los alcaldes tendrían acceso a los fondos y depósitos que mantienen en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y para permitir que retiren los recursos sin ningún tipo de penalidad.

Al defender la pieza legislativa, su principal propulsor, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez, rechazó que los cambios limiten los poderes de García Padilla en las negociaciones con los acreedores del gobierno, y recordó que el mandatario se comprometió a no vetar la medida si llega ante su consideración. 

Ese acuerdo se fraguó durante la consideración de la “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico” (Ley 21-2016), aprobada hace dos semanas con el voto decisivo de Hernández Montañez.

“Toda deuda que no esté respaldada por las dos exclusiones y que no tenga ningún acuerdo (con los acreedores), el gobernador sigue teniendo el poder, así que el gobernador no está limitado. Estamos desarrollando un instrumento para que en el 2017 tengamos las herramientas para poder gobernar al que le toque gobernar, y esto ha sido respaldado por el presidente del PPD, David Bernier”, enfatizó Hernández Montañez en un aparte con periodistas durante la sesión legislativa. 

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda insistió en que el nuevo lenguaje busca subsanar algunos de los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del referido estatuto, al excluir de su aplicación las obligaciones respaldadas por la buena fe y el crédito del gobierno, y pretende darle mayor estabilidad a gobierno al eximir también la deuda garantizada con recaudos a través de fideicomisos como la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), o estructuras como el mecanismo de titulación de activos legislado para la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Para algunos de los opositores, como los representantes Natal y Vega Ramos, la pieza lo que busca es privilegiar los intereses de los acreedores del gobierno sobre los servicios básicos de la población. 

“Estoy a favor de proteger las cooperativas, de proteger a los municipios. Estoy en contra de que se utilicen las cooperativas y municipios como carnada para proteger a los buitres", dijo Natal en su turno de debate. 

Durante la sesión, también fue aprobado de manera unánime el Proyecto de la Cámara 2866, que igualmente enmienda la Ley 21 para establecer disposiciones específicas sobre los depósitos de instituciones como las cooperativas de ahorro y crédito. Los cambios habían sido promovidos por el movimiento cooperativista para atenuar los efectos de la ley de moratoria. 

Ambas piezas pasan ahora a la atención del Senado.