Luego de un debate de tres horas, cargado de tiraera política, la Cámara de Representantes aprobó esta noche, en votación partidista, el presupuesto de gastos del gobierno para el nuevo año fiscal 2018-2019 con unos $33.2 millones por encima de la suma que pidió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El presupuesto propuesto por la JSF era de $8,749 millones, mientras que el aprobado por la Cámara es de $8,782 millones, por lo que el presidente de la Comisión Hacienda, Antonio Soto, no descartó que el organismo federal emita un certificado de incumplimiento.

Soto sostuvo que la JSF subestimó los ingresos del Gobierno porque no incluyó un alza en los recaudos de febrero a mayo de este año.

“Tienen que hacerle enmiendas al plan fiscal que certificaron en mayo. Lo lógico es que aprobemos un presupuesto con los estimados reales. Sería un error de la Junta esperar a que se apruebe el presupuesto y semanas posteriores hacer la revisión de ingresos. A quien afectaría de manera directa es al gobierno y los servicios que nosotros brindamos”, sostuvo.

Advirtió que, si no se incluyen estos últimos recaudos, se afectarían servicios esenciales en agencias como el Departamento de Salud, que sufriría una reducción presupuestaria de unos $7 millones.

Soto indicó que el aumento de $33.2 millones será utilizado para la nómina de varias dependencias de seguridad pública y también dijo que incluyeron $7.5 millones para el funcionamiento de los Centros de Diagnósticos y Tratamientos (CDT).

Si la Junta no revisa el estimado de ingresos, el legislador no descartó que acudan al tribunal. “Ya que ellos tienen la responsabilidad legal de establecer los ingresos del Estado que lo hagan, pero no basado en información de febrero”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez dijo que el propio presupuesto que envió la Junta “no cumple con el plan fiscal que ellos aprobaron”.

“Nosotros lo que estamos haciendo es aprobando el presupuesto que la Junta envió. Estamos descargando nuestra responsabilidad constitucional”, sostuvo Méndez.

La minoría popular denunció por su parte, que el presupuesto tiene un descuadre de unos $435 millones”.

“Eso puede representar el despido de 20 mil empleados públicos. Aquí hay Escondido un andamiaje para el despido de empleados del sector público y también está por ahí la Ley 80, para el sector privado”, dijo el representante Luis Raúl Torres.

Torres también dijo que el déficit presupuestario podría afectar la prestación de servicios esenciales.

El representante independentista, Denis Márquez dijo a su vez, que el debate era simbólico porque las resoluciones del presupuesto “son las de la Junta de Control”.  Márquez propuso una enmienda para quitarle el presupuesto a la JSF, pero fue derrotada.