Casi 130 empleados por contrato en el ayuntamiento de Carolina se quedaron en la calle, luego de que la administración municipal no les renovó los acuerdos de trabajo.

Entre los cesanteados figuran coordinadores de las distintas escuelas especializadas municipales.

No obstante, de cara al próximo semestre escolar no se verán afectados los servicios debido a que la medida presupuestaria no afectó a ningún maestro, dijo Lourdes Vázquez portavoz de prensa de la alcaldía.

Mientras, el reelecto alcalde José Aponte le echó la culpa al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que le embargó $76.4 millones.

“Ello obligó al ayuntamiento... a reajustar responsablemente sus finanzas con el fin de no lacerar los servicios ciudadanos de mayor necesidad”, planteó por escrito el ejecutivo municipal del Partido Popular Democrático (PPD). 

A su juicio, la no renovación de contratos no se trata de despidos. 

El alcalde recordó que, desde inicios de este año, su administración sometió una demanda contra el gobierno central y el BGF por incautar los fondos municipales ya que éstos, no le pertenecen ni a esa entidad ni a los bonistas. 

Dijo que contrario a otros municipios, Carolina no mantenía préstamos con el BGF.

“Han sido tiempos de grandes retos, sobre todo cuando entendemos las carencias de muchas familias en desventaja. El (Municipio) ha operado con unos $80 mil millones menos durante el periodo de 2009 a 2016, sin afectar servicios a la comunidad ni la nómina de empleados regulares. Hemos sido muy rigurosos con el control de gastos en estos últimos años, congelando plazas de personas que renuncian o se retiran, generando economías con reducción de proyectos y propiciando el desarrollo económico para aumentar los ingresos”, indicó el alcalde. 

Además, repudió que el Departamento de Hacienda le hubiese ordenado llevar el dinero incautado a pérdida como lo han hecho otros municipios, porque el capital no se trata de un préstamo que Carolina dejaría de pagar, sino, dinero depositado en una cuenta de ahorros de su administración. 

El congelamiento del capital, según Aponte, se agrava porque el pleito legal incoado por el ayuntamiento se encuentra detenido por la Ley federal conocida como Promesa. 

La demanda entablada por la alcaldía contra el BGF exige al gobierno central cumplir con el acuerdo de inversión de estos fondos efectuado por ambas partes y que le permita a ese municipio autónomo el desembolso de su capital. 

Se espera que el pleito retome su activación el 20 de febrero de 2017.