El gobierno de Puerto Rico tomó la decisión más adecuada al aprobar la Ley de Morataria, aunque dicho estatuto es “constitucionalmente peligroso” y la determinación una  “moralmente objetable”, dijo ayer el director del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.

Marxuach sostuvo que ante la proximidad del pago de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)  -el 1ro. de mayo- si dicho pago no se realizaba, los acreedores iban a congelar  todos los activos de esa institución. Las agencias públicas, los municipios y las corporaciones públicas en ese escenario perdían acceso al dinero que tiene depositado en el BGF.

La otra opción que tenía ante sí el gobierno era pagarles a los bonistas, pero para  eso era necesario  suspenderle servicios esenciales a la ciudadanía.

La tercera vertiente,  que queda sujeta a la moratoria del pago de la deuda,  fue la que escogió la administración de Alejandro García Padilla: protegerse contra la congelación de los fondos del  BGF y garantizar al mismo tiempo el funcionamiento del gobierno en los próximos meses.

La decisión del gobierno, advirtió el economista del  “think tank¨ (tanque de pensamiento) más importante de la  Isla,  es objetable en el sentido de que suspende derechos consagrados por la Constitución.

Lo hace bajo lo  que se conoce como “razón de estado, que según  Marxuach, es una doctrina legal peligrosa y controversial”.

La “razón de estado” está predicada en la necesidad de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la gente sobre cualquier otra cosa, en periodos de emergencia.

El economista sostuvo que esa esa teoría la usaron los nazis para  suspender libertades personales y es el razonamiento detrás de la “Patriot Act” de Estados Unidos.

Una propuesta nueva 

El Centro para la Nueva Economía divulgó ayer públicamente  su propuesta para una junta de supervisión fiscal federal para Puerto Rico.

La entidad se opone a una junta que ejerza amplios poderes sobre el manejo del gobierno de la Isla, que es lo que se ha venido considerando en el Congreso.

La junta de supervisión fiscal, según el Centro, debe limitarse a monitorear “la implantación y cumplimiento” de las reglas fiscales que se autoimponga el gobierno de Puerto Rico para salir de la crisis.

La junta federal velaría porque se cumplan esas metas fiscales a través únicamente de una limitación en el flujo de los fondos federales que recibe la Isla.

De acuerdo con el Centro, la Junta federal no tiene por qué encargarse de “la menudencia” gerencial del gobierno de Puerto Rico, porque eso en la vida real no es factible.

Los miembros de esa junta no conocen el gobierno de la Isla, además se enfrentarían inevitablemente a un choque cultural con respecto a los estilos de gerencia que se dan este país, dijo el economista.

Describió el sistema de gobierno de Puerto Rico como burocrático, en que te mandan de un lado para otro.

El CNE propone que el gobierno de la Isla se autoimponga su propia “regla fiscal”, con presupuestos reales. Un grupo independiente debería encargarse de certificar los estimados de ingresos.

Se advirtió que Estados Unidos debe permitir que sean los jefes de agencia y los legisladores puertorriqueños los que asignen los fondos presupuestarios.