El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente archivó la investigación contra el representante popular José (Cheíto) Rivera Madera, arrestado el 10 de mayo de 2023 mientras participaba en una protesta contra la construcción de una torre de comunicaciones en el sector San Germán, barrio Indios, en Guayanilla.

En una resolución, dada a conocer hoy, el Panel del FEI informó que cerró el caso por no tener prueba suficiente para presentar cargos criminales contra el representante por el distrito 23 (Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce).

La investigación había sido referida al OPFEI por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en septiembre de 2023 con un informe de investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia. Emanuelli recomendó que se designara un FEI contra Rivera Madera.

“Contrario a la investigación de Justicia, las fiscales especiales independientes, Ileana Agudo Calderón y Zulma Fúster Troche no encontraron prueba suficiente para sostener que el representante Rivera Madera cometió delito por hechos ocurridos el pasado 10 de mayo de 2023, en el barrio Los Indios en el municipio de Guayanilla”, informó en declaraciones escritas el OPFEI.

A Rivera Madera, quien fue arrestado junto a líderes del Campamento contra las Cenizas de Carbón de Peñuelas, se le imputaba irrumpir en una obra de construcción.

Al archivar el caso, el OPFEI concluyó que no existe prueba más allá de duda razonable para presentar cargos contra el representante Rivera Madera por el Artículo 200 (Obstrucción y Paralización de Obras), ni otro delito bajo el Código Penal de Puerto Rico, pues la compañía constructora Ellite Towers LLC no tenía permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), para hacer trabajos de construcción en horas de la madrugada.

“El archivo del caso confirma lo que decíamos desde un principio, que Justicia nunca debió referir este caso al OPFEI. Utilizaron las estructuras del Estado para tratar de callarme y perseguirme políticamente”, reaccionó Rivera Madera al anuncio del OPFEI de cerrar el caso.

El legislador dijo que “esto es otra ocasión más en la que se malgasta el dinero público en investigaciones frívolas”.

“Es una victoria para el proceso legislativo y para las comunidades, que muchas veces no tienen quien las defienda”, sostuvo Rivera Madera y dijo que como vice presidente de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste continuará investigando las denuncias de diversas comunidades sobre la colocación en sus vecindarios de antenas de telecomunicaciones.

“Vamos a retomar el tema para que se investiguen todas las irregularidades que hubo desde mi arresto hasta la otorgación de permisos. Parte del argumento del OPFEI para desestimar el caso nos da la razón para reafirmar lo que estábamos viendo en la Comisión de irregularidades en la construcción de esta antena”, indicó Rivera Madera a Primera Hora.

El legislador recordó que previo a su arresto, la comisión cameral había comenzado un proceso de investigación sobre la construcción de la antena en Guayanilla y había citado una vista ocular en el área, para el 11 de mayo de 2023. Narró que la madrugada del 10 de mayo recibió una llamada de vecinos del sector San Germán pidiéndole que se personara al lugar y cuando llegó se topó con un centenar de policías y varias mezcladoras de cemento.

Según el legislador, requirió entonces si la compañía tenía permiso de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para trabajar a esa hora de la madrugada, pero nunca se lo mostraron. Reconoció sin embargo, que la compañía constructora Ellite Towers, LLC, tenía los permisos de construcción de la antena.

Rivera Madera sostuvo que nunca fue citado como parte de la investigación del incidente que hizo el Departamento de Justicia.

“Yo nunca ingresé a ningún terreno privado. A mí me arrestaron en la carretera PR-335. Nunca hubo un perímetro, había un montón de policías y había policías hasta de la Fuerza de Choque, pero no había un acordonamiento”, reiteró.

La resolución del archivo del caso indica que la investigación de las fiscales encontró que aunque la compañía contaba con un permiso legal para realizar los trabajos de construcción de ese día, existía otro permiso igualmente otorgado por OGPe en su inciso 12, que especificaba un horario de operaciones para las labores de construcción, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

“No surgió del referido de la DIPAC que el Departamento de Justicia tuviera conocimiento de este otro permiso que establecía las condiciones especiales, por lo que la alegación del departamento, de que Rivera Madera pudo haber cometido el delito de Obstrucción y Paralización de Obras (Art. 200 del Código Penal), se tomó sin contar con elementos fundamentales en relación con la evidencia necesaria para realizar una determinación conforme a derecho”, dice la resolución.

Sostienen las fiscales en el escrito que aun tomando como cierto y probado el hecho de que el representante Rivera Madera, con la intención de impedir la obra de construcción, impidiese el acceso de un vehículo al colocarse en la parte posterior de un camión de concreto, está ausente el elemento indispensable de que se contase con el permiso y autorización de la OGPe. “En ese sentido el contratista Luis F. Ortiz Mercado, dueño de Elite Towers, LLC, llevaba a cabo las labores de construcción a las cuatro de la madrugada, fuera del horario establecido para ello, en clara violación al permiso que le había sido concedido”, agrega la resolución.

Dice además, que la Policía estableció su plan de trabajo a base de la información que le brindó el contratista, sin facilitarle la copia del permiso que establecía el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.