Comerciantes, asociaciones y grupos profesionales se han unido en una coalición para solicitar a la Legislatura que establezca “una moratoria” en la aprobación de leyes laborales que, a su juicio, afectarían el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. 

La portavoz de la coalición y líder de la Asociación de Comercio al Detal, Lymaris Otero, expresó que “en estos momentos de incertidumbre y crisis que estamos viviendo, nos sorprende que se esté considerando seguir sobrecargando al sector privado con medidas laborales, pues ciertamente lo que deberíamos estar pensando es en el futuro de Puerto Rico y su recuperación económica”. 

“Aunque la decena de proyectos de diversos temas laborales que está ante la consideración de la Asamblea Legislativa pueden parecer medidas simpáticas, si se ven superficialmente, estas representarían una estocada al sector productivo del país, tanto a pequeños, medianos y grandes negocios”, añadió Otero en comunicado de prensa.

Según detalló, las medidas que son evaluadas por los legisladores y que pudiesen representar un aumento en los costos operacionales de los negocios en la Isla modifican las disposiciones para el salario mínimo, así como los días por vacaciones o enfermedad. Estos son los Proyectos del Senado 1195, 1239 y 1305, entre otros. 

“En lugar de incentivar la creación o retención de empleos que tanto necesita Puerto Rico, estas medidas se traducirán en más despidos y más cierres de negocios”, opinó Otero. 

Asimismo, recordó que la tasa de empleo lleva 37 meses disminuyendo de forma “alarmante e ininterrumpida”, y que en marzo, el número de personas empleadas se redujo en 3,000. 

Según la encuesta de Empleo y Desempleo publicada por el Departamento del Trabajo, el estimado de empleo ajustado estacionalmente en marzo de 2016 fue de 1,000,000 personas. Esta cifra representa una reducción de 3,000 empleados al comparar con febrero de 2016 (1,003,000). 

“Somos conscientes de que el Gobierno ha tenido que tomar medidas drásticas y ha recurrido a añadir y aumentar impuestos por la difícil situación fiscal del país y el problema de la deuda del Gobierno, pero su efecto en los costos de hacer negocios en la Isla resulta insostenible. Tenemos que lidiar con el aumento de IVU (Impuesto de Venta y Uso), el cual se proyecta tendrá un costo de $1,800 millones para al sector productivo y el consumidor en 19 meses, además de los aumentos en costos en energía eléctrica, agua, combustible y otras utilidades, y si ahora consideran imponer nuevas cargas laborales; sería devastador para los negocios”, explicó la portavoz de la coalición.

“Así como este honorable cuerpo pidió una moratoria para pagar la deuda del país, pedimos que nos den un respiro, que nos den una moratoria en más y nuevas cargas en los costos laborales”, agregó. 

Algunas de las asociaciones y grupos profesionales que se han unido en ese reclamo son la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, la Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico, la Puerto Rico Hotel & Tourism Association, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción, la Asociación de Productos de Puerto Rico y la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico.