Luego de una extensa reunión en el edificio federal Alexander Hamilton, en Nueva York, los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobaron hace unos minutos el Plan Fiscal que tuvo que enmendar el gobernador Ricardo Rosselló para cumplir con las exigencias de recortes que le allegarían fondos al país para mantenerse a flote.

“El plan pide sacrificios para el sistema de Salud, empleados públicos, en la Judicatura  en la Legislatura”, dijo David Skeel en una de las intervenciones poco antes de aprobarse el proyecto.

Entre las medidas que se podrían estar tomando estaría el recorte de la jornada laboral, de la jornada escolar (algo a lo que se opuso tenazmente Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros y quien acudió a la reunión), recortes a la Universidad de Puerto Rico (también con oposición de una jubilada del sistema UPR), eliminación del Bono de Navidad a menos que haya fondos para pagarlo, entre otros.

“Esto requerirá sacrificio de estudiantes, retirados y bonistas”, dijo Ana Matosantos, miembro de la Junta.

Durante la reunión, también se habló de reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica y modernizarla, lo que asoma la posibilidad de una Alianza Público-Privada (APP). Carlos García, por su lado, aseguró que “el Gobierno no puede ser el único responsable en proveer calidad de vida. El pueblo y las compañías privadas también tienen que participar”.

El gobierno deberá demostrar el 30 de abril que consiguió lo que llamaron “liquidez razonable” que alcance $200 millones, de lo contrario entrará en efecto la reducción de la jornada laboral y la eliminación del bono de navidad de empleados públicos efectivo el 1 de julio.

Si se alcanzan los ahorros, la fecha se aplazaría a septiembre, donde se volvería a evaluar la liquidez del gobierno y así esos dos renglones seguirán siendo el as bajo la manga de la JSF, la soga que seguirán ajustando hasta el ahorcamiento en caso de que el gobierno no consiga los ahorros exigidos. 

Según el economista Joaquín Villamil, se estudiaron las tendencias de los últimos 15 años para establecer este plan.

Según un comunicado de la entidad creada por la ley federal PROMESA, la Junta notó que el Plan Fiscal enmendado del Gobierno requería salvaguardas adicionales para asegurar suficiente liquidez y ahorros para proveer para los servicios esenciales en el año fiscal 2018. 

De tal forma, la Junta enmendó el plan para incluir un programa de reducción parcial de jornadas laborales y suspensión de bonos de Navidad para asegurar dichos ahorros, a menos que la Junta constate el cumplimiento por parte del Gobierno de ciertas condiciones más tarde en el año calendario 2017.  

Además, la Junta enmendó el Plan Fiscal del Gobierno en cuanto a las pensiones para lograr reducciones de 10% en el total de los pagos de pensiones, comenzando en el 2020. 

Durante los próximos 30 días, el Gobierno y la Junta trabajarán en un plan específico a ser finalizado para el 30 de junio 2017, basado en los siguientes principios: 

(1) financiar las obligaciones de pensiones en un sistema de reparto simple (“paygo”), liquidando activos para ayudar a financiar beneficios utilizando los ingresos  al fondo general para pagar los beneficios que se debían bajo el plan previo; 

(2) enlistar a todos los miembros activos y nuevos empleados en cuentas de contribuciones definidas que segreguen y protegen sus contribuciones para el pago de sus propios beneficios en el futuro;

(3) reducir progresivamente el costo total de las pensiones en un 10% para asegurar que el sistema pueda cumplir sus obligaciones, con protecciones para asegurar que ningún miembro caiga bajo el nivel de pobreza federal como resultado de las reducciones; 

(4) incluir, a partir del 2020, a todos los nuevos maestros y trabajadores de seguridad y protección pública en el sistema de Seguro Social, y, hasta donde sea práctico, inscribir a todos los maestros y trabajadores de seguridad y protección pública activos, menores de 40 años, en el sistema de Seguro Social.