Un empleado de confianza del Departamento de Educación, que se supone hubiese trabajado a tiempo completo en la Oficina de Prensa y Comunicaciones, también tenía un contrato con el municipio de Bayamón durante ese periodo y supuestamente realizó trabajos simultáneos a ambas entidades gubernamentales, ocasionando miles de dólares en pérdidas al fisco. 

La revelación la hizo en la mañana de este lunes la contralora Yesmín M. Valdivieso, con la publicación de un informe de auditoría del Departamento de Educación que analizó el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011.

 La identidad del ahora exempleado de Educación y del municipio de Bayamón no fue revelada en el informe de la contralora. No obstante, se detalló que es hombre y que comenzó a trabajar el 8 de enero de 2009 en el Departamento de Educación y que su contrato en el municipio de Bayamón comenzó el 1 de julio de 2008.

El informe detalla que los periodos en los que supuestamente el empleado realizó funciones simultáneas se extendió desde el 1 de enero de 2009 al 31 de enero de 2010. No se indicó cómo terminaron las relaciones contractuales entre las partes. Para esta época el secretario de Educación era Carlos Chardón y el alcalde de Bayamón era Ramón Luis Rivera Cruz.

 La principal falla detectada fue que “la falta de notificación del funcionario al Departamento de Educación y al municipio sobre sus funciones simultáneas para con ambas entidades y la falta de supervisión adecuada al funcionario y por este no haber sido incluido en el ponchador al momento de comenzar sus funciones en el Departamento de Educación, propiciaron que este tuviera beneficios no permitidos por ley. El funcionario, con actos u omisiones fraudulentas realizadas por él o al inducir a otras personas, recibió para su beneficio personal fondos públicos de Educación y del municipio a los que no tenía derecho”, detalla el informe.

 “Esto resultó en la pérdida de fondos públicos por $17,279.36 y $1,983.60, pertenecientes al Departamento de Educación en el pago de salarios por las 392 horas en conflicto y por los seis días para los cuales el DE no tenía evidencia de la asistencia, según mencionamos en los apartados del a al c. Además, el Departamento de Educación realizó aportaciones patronales al Seguro Social Federal, al Medicare y al Fondo del Seguro del Estado por el pago de dichos salarios”, añade en el informe.

La contralora también expuso que el funcionario “tampoco tenía derecho a la paga adicional que este recibió del municipio por $32,000, por los servicios prestados en virtud de los contratos vigentes durante el mismo período para el cual laboraba en el Departamento de Educación, según indicado en el apartado a. Lo mencionado afecta adversamente la imagen pública del Departamento de Educación y de sus funcionarios y empleados ante la ciudadanía”.

Pero esta presunta apropiación de fondos de manera fraudulenta no es la única irregularidad imputada al funcionario. El informe detalla que en el contrato que suscribió el consultor el 1 de julio de 2009 con el municipio, firmó una supuesta certificación falsa en la que afirma “que no recibía paga o compensación alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento en otro municipio o entidad gubernamental. Dicha certificación era falsa debido a que para esa fecha el Consultor hacía 5 meses y 14 días que trabajaba en el Departamento de Educación”, se expone en el informe.

Además de la falla detectada con este exfuncionario, la contralora a señaló que en Educación existió en el periodo auditado problemas “relacionadas con el registro y la autorización de la asistencia del funcionario, y otras faltas relacionadas con la programación del sistema electrónico de asistencia”.

 Como recomendaciones, la contralora indicó que el actual secretario de Educación, Rafael Román, debe comenzar el proceso de “recobro de los $19,262.96 de los fondos públicos pagados al funcionario, por concepto de salarios recibidos por este por las horas en conflicto pagadas indebidamente por el Departamento mientras este era contratista del municipio y cualquier otra cantidad devengada por servicios no prestados.

Además, se le recomendó reforzar el sistema de asistencia de empleados para evitar casos similares.

Ante la revelación hecha por este informe, el auditor del municipio de Bayamón, Edin Burgos Meléndez, informó a este diario que para la fecha en la que la contralora notificó la irregularidad ya el funcionario no tenía contratos con el municipio. Dijo que cooperaron con toda la investigación.

 Comentó que están a la espera de conocer "a quién le corresponde hacer el recobro, si al municipio o a Educación, en vista de que la persona mintió para obtener el contrato" con el municipio.