Dos de los principales componentes del bloque anticorrupción del Gobierno denunciaron este jueves en las vistas de prespuesto que realiza la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado que pese a operar con eficiencia y prevenir la pérdida de millones públicos con sus gestiones de fiscalización, el propio Estado les congela y reduce sus presupuestos.

 La jefa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rivera, y la contralora de Puerto Rico (OCPR), Yesmín M. Valdivieso, tronaron contra la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por imponer recortes de 7.4% en el presupuesto para el año fiscal 2014-2015 que socavarían la independencia fiscal que requieren para descargar sus deberes ministeriales. 

“Hemos observado que al menos en 17 agencias hay aumentos propuestos en su presupuesto”, afirmó Rivera, directora ejecutiva de OEG, ante los miembros de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, que preside el senador José Nadal Power.

En cambio, dijo que OEG lleva seis años con el mismo presupuesto, y el recomendado por OGP para el próximo año le restaría $762,000 adicionales, para una asignación total de $9,528,000 . 

“Esta sería la primera reducción en los 29 años de existencia de la OEG”, indicó la funcionaria, quien detalló cómo su oficina opera de forma sustentable, con programa de reciclaje, 70% de energía renovable y reuso de agua de lluvia, además de una flota de autos híbridos.  

“Limitar nuestra capacidad mediante una asignación menor de fondos afectará la lucha contra la corrupción gubernamental, que el Pueblo de Puerto Rico no merece y ya no tolera, que le cuesta miles de millones al erario y mina la credibilidad del Gobierno”, denunció Rivera.

Irónicamente, los recaudos por las multas que OEG impone nutren el fondo general.

“En lo que va de este año fiscal las multas ascienden a $892,000”, informó Rivera.

Por su parte, la contralora Valdivieso aseguró que el propio erario se perjudica económicamente porque muchos jefes de agencias ni siquiera leen y mucho menos hacen cumplir los hallazgos de la OCPR. 

“He recomendado el recobro de más de $90 millones y ¿sabe cuántos se han recobrado? $4 millones?”, señaló.

 En cuanto al recorte de $3.2 millones que pide OGP y que, a juicio de Valdivieso intervendría indebidamente con sus funciones, expresó que “no se nos puede castigar por lo que gritamos, por lo que señalamos”.

 Aun sin ceder a la tentación de “especular por qué el presupuesto de esta oficina ha estado congelado por tres Asambleas Legislativas distintas”, Valdivieso aseguró que solo exige mantener el nivel de fondos actual, toda vez que utiliza al máximo los recursos financieros y humanos que tiene a su disposición.

“Nos queremos quedar con nuestros $43 millones”, afirmó.

“Es en tiempos de crisis que las funciones que ejerce la OCPR se hacen más importantes y necesarias”, explicó la contralora, quien reveló que van en aumento los casos de fraude bajo investigación.

 Por su parte, la senadora novoprogresista Migdalia Padilla recomendó a las funcionarias hacer el ejercicio de estimar cuánto dinero el Gobierno deja de recaudar por acciones indebidas y corruptas.

Mientras, Padilla solicitó a Nadal, como único representante de la mayoría popular, que se tome en consideración al menos mantener el presupuesto vigente en ambas dependencias, vitales para el sano gobierno.