Un grupo que representa a miles de empleados públicos anuncia hoy que presentaron una demanda en el Tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal por las medidas presentadas sobre las pensiones en el sector público.

Además de la junta, creada por la ley federal PROMESA para asistir en la restructuración de la deuda pública de $72,000 millones, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME incluyó en la demanda al gobierno de Puerto Rico.

La demanda de 36 páginas, anunciada hoy en conferencia de prensa desde lo portones de la calle Chardón, es por los planes anunciados para los Sistemas de Retiro que han sido avalados por la junta como parte del Plan Fiscal del gobierno.

Los demandantes exigen que se declare la inconstitucionalidad del Plan Fiscal al afecta derechos contractuales de los empleados en sus beneficios de retiro, al violarles su debido proceso de ley y que el tribunal federal determine que el Plan Fiscal no fue aprobado conforme a la ley.

También se solicita un interdicto permanente, preliminar y un entredicho provisional que prohiba que la junta y el gobierno ejecute el plan fiscal en relación a los planes de pensiones.

En la demanda se resume que los empleados públicos tienen tres mecanismos para sus pensiones, y que los tribunales han resuelto que los obreros tienen derechos propietarios respecto al dinero de esas jubilaciones. 

Asimismo, se destaca que uno de los aspectos que contempla la ley PROMESA, que crea la junta fiscal, es que se deben proteger las pensiones.

Según el recurso, el primer plan fiscal del gobierno, el sometido por el exgobernador Alejandro García padilla, protegía adecuadamente los sistemas de pensiones, pero este fue rechazado por la junta. El presentado por Rosselló, y finalmente aprobado por el cuerpo creado por PROMESA, implicaba recortes a las pensiones de más de $2,000 mensuales, pero la junta lo aprobó con un "plan de contingencia" establece que si no se cumplas las proyecciones del gobernador de $200 millones de liquidez, se tomarían medidas como la eliminación del Bono de Navidad, reducir la jornada de trabajo, y reducir en 10% todas las pensiones. 

"Ese es el problema. La ley PROMESA establece dos opciones, o se aprueba el plan de la junta o se aprueba el plan del gobernador, no es que se adopte el plan del gobierno con un plan de contingencia", dijo Annette González, presidenta del grupo. "Son poderes que PROMESA no le da a la junta, entiende que tienen un poder absoluto", indicó.

También González criticó que no está claro como se afectará a los trabajadores cuyas pensiones se nutre solamente de sus ingresos de los trabajadores y si el gobierno se apropiaría de ese dinero.

Entre los emplazados en la demanda figuran miembros de la junta como el presidente del organismo, José Carrión y otros integrantes como Ana Matosantos, David Skeel, Carlos García; así como el gobernador Ricardo Rosselló y su representante ante la junta, Elías Sánchez.

SPU dice que  representa a sobre 23,000 empleados públicos en 12 agencias gubernamentales.