Héctor Pesquera no será un “contratista” que vende sus servicios profesionales al Gobierno, como estaba en el pasado, sino un “empleado” de La Fortaleza, se reveló ayer.

El “contrato” de la persona a cargo de la Policía de Puerto Rico se cambió por una “orden ejecutiva”, explicó el secretario de Prensa de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz.

Hacerlo empleado de Palacio, aunque mediante orden ejecutiva, según el director en Puerto Rico de la American Civil Liberties Union (ACLU), William Ramírez, “es lo mismo que contratarlo y no nombrarlo jefe de la Uniformada”.

Mantener a un “superintendente” que no es superintendente propiamente podría acarrearle problemas al Gobierno, señalaron ayer varios abogados de prestigio en el país.

Bajo el mandato del entonces gobernador Luis Fortuño, Pesquera fue confirmado por el Senado como jefe de la Policía -con una vista relámpago de un día, en que él fue el único deponente, y confirmado la misma tarde-, pero la semana pasada Alejandro García Padilla anunció que este será un asesor de seguridad de La Fortaleza en funciones de superintendente.

Lo de asesor mencionó que era para poderle pagar más que lo que dispone la Ley 13 de 1989, según enmendada, como salario para los jefes de agencia.

“El gobernador admitió que le dio vuelta a la ley para no cumplir con la ley. Eso lo dice en un país que se supone es de ley y orden”, señaló Ramírez.

El ex presidente del Colegio de Abogados Osvaldo Toledo sostuvo que el problema con un jefe de la Policía que “no lo es”, es que la Uniformada no tiene personalidad jurídica propia.

Las demandas contra, y de la Policía, sean por reclamos de derechos civiles, por conflictos laborales u otros, se tienen que tramitar desde y contra el ELA y el superintendente.

¿Quién respondería si Pesquera es un contratista de La Fortaleza?

Si yo fuera abogado de Pesquera usaría la defensa de que él no es superintendente, sino un contratista, señaló el líder la ACLU.

Ramírez describió ese escenario como uno complicado para los que buscan justicia.

“Tendrían que demandar al gobernador porque él (Pesquera) es su asesor”, acotó el abogado  Harry Anduze.

Otra de las dificultades de seleccionar a un jefe de agencia y darle otra designación es que se crea un precedente que podría repetirse en el reclutamiento de otros jefes de agencia “que no existen” y a los que se les pagaría más.

¿La permanencia de Pesquera al frente de la Uniformada, debería pasar por el crisol del Senado?

El abogado constitucionalista Carlos Ramos dijo que la jurisprudencia es clara en tanto el Tribunal Supremo ya estableció (en Hernández v Romero Barceló, 1982) que si se retiene a un jefe de gabinete de otra administración, la Legislatura no tiene que reconfirmarlo.

“Si el caso de Pesquera es una mera retención, eso está resuelto... Va a depender del contrato; hay que compararlo con el anterior para saber si estamos ante un escenario nuevo o del escenario de un funcionario que se quedó”, dijo.

Mientras, Toledo opinó que estamos en un “juego nuevo” y su designación debe ser enviada a la Legislatura.

De su parte, la senadora independentista María de Lourdes Santiago indicó que Pesquera de todos modos sería confirmado por el Senado, pero debería haber un proceso de interpelación para poder interrogarlo sobre su desempeño en la Policía.