El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE), del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Guillermo Guasp Pérez denunció ayer, lunes, que la auditoría externa sobre las alegadas irregularidades en el proceso de otorgamiento de las Becas Presidenciales todavía no ha comenzado.

En una carta cursada anoche a la Junta de Gobierno de la UPR, Guasp Pérez indicó que ante la dilación el proceso “reina la incertidumbre” en la comunidad universitaria. 

El líder estudiantil recordó que el 29 de febrero pasado se le informó a la comunidad universitaria la contratación de la licenciada Berta Mainardi Peña y el licenciado Samuel Céspedes Soto, como auditores externos. Sin embargo, dijo que al otro día, ante los cuestionamientos presentados por la representación estudiantil sobre un posible conflicto, la licenciada Mainardi Peña declinó participar de la Comisión, pues la letrada mantiene contratos con la Junta de Gobierno de la UPR.

“Al día de hoy no se ha recibido comunicación nueva ni de quién llevará a cabo ni cómo se hará la auditoría interna. Nosotros entendemos que debe ser una comisión de tres personas, de tal manera que haya diversos criterios evaluativos en el proceso, pero al día de hoy no se sabe nada y el problema es que la Junta debe considerar este informe en la próxima reunión del 21 de marzo”, sostuvo Guasp Pérez.

Dijo que la percepción del estudiantado es que la dilación en la auditoría externa se debe a un intento de “encubrir acciones irregulares” de parte del liderato académico y administrativo de la institución docente.

“Esas acciones se perciben como que reafirman la cultura de amiguismo y nepotismo que reinó durante el proceso de otorgación de las pasadas Becas Presidenciales y su uso y costumbre en la Universidad”, indicó Guasp Pérez en la carta a la Junta de Gobierno.

El presidente del CGE expresó que cada día que pasa sin nueva información e instrucciones es percibido “por la comunidad y el País como un intento de olvidar lo ocurrido en semanas recientes y pasar la página”.

“Nos reafirmamos en que se debe llevar a cabo la investigación lo más pronto posible para que las personas implicadas asuman responsabilidad por sus actos. Les hago un llamado a actuar rápidamente como representantes del interés público, el claustro y el estudiantado y hacerle justicia a todos aquellos que fueron privados de una ayuda de este tipo para cumplir sus sueños y metas académicas”, sostuvo el dirigente universitario.

 Añadió que “estamos ante la amenaza de un recorte presupuestario y una Junta de Control Fiscal y estas acciones y dilaciones ponen en duda nuestra capacidad administrativa y fiscal”.