Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal tienen que dejar de ser “alcahuetes”. De lo contrario, Puerto Rico no podrá tener desarrollo económico.

Así lo declaró ayer el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz luego de que el nominado secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, reconoció que las medidas estrictas de control que quiere imponer la Junta se pueden convertir en un problema a la hora de que inversionistas quieran establecerse en la Isla. 

La descarga también surgió horas después de que la Junta pidiera que no se aprueben leyes a menos que se discutan primero con ellos para poder determinar si tienen algún impacto fiscal. 

Rivera Schatz aprovechó para criticar que la Junta le cueste al pueblo “entre $2 a $3 millones mensuales”. 

“Si la Junta de Control Fiscal nos cuesta $3 millones casi todos los meses... si un inversionista ve que la Junta está pidiéndole al Gobierno de Puerto Rico que recorte, recorte y recorte, no va a tener la capacidad entonces de entrar a manejar asuntos que inciden en lo que sería convertir a Puerto Rico en un área atractiva para esos inversionistas, pues se convierte en parte del problema la Junta”, manifestó el líder del Senado en un aparte con medios.

A su juicio debe haber un balance entre el desarrollo económico y los recortes que debe hacer el Gobierno para superar la crisis fiscal.

Por eso hizo el siguiente llamado: “Los puertorriqueños que están en la Junta... que no sean alcahuetes del Gobierno de Estados Unidos, que los puertorriqueños que están ahí pongan a Puerto Rico primero, que entiendan que ellos son puertorriqueños. Así es que deben manejar eso”.

José B. Carrión, Carlos García, Ana Matosantos y José Ramón González son los cuatro boricuas dentro de la Junta que se completa con Arthur González, Andrew Biggs y David Skeel.