Una de las cinco estudiantes que demandó a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para abrir los portones del recinto de Río Piedras, Anamar Menéndez González, donó en 2011 $2,000 a la campaña del ahora presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Los datos se pueden encontrar en la plataforma en línea del proyecto Abre PR, del Centro de Integridad en Política Pública, y se han vuelto viral en las redes sociales donde han develado vínculos al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) por parte de algunos miembros del grupo demandante o de organizaciones que se crearon en el marco de la lucha estudiantil contra el cierre de portones, como la Coalición Universitaria por el Progreso (CUP).

Menéndez González donó $1,000 en junio y la misma cantidad en noviembre de ese mismo año al líder de la palma, junto al que aparece sonriente en una foto difundida a través de las mismas plataformas con otros miembros del CUP; Gabriela Firpi, Edwin Rivera, Alejandro Caminero y Bryan Díaz.

Según datos de la Oficina del Contralor, la estudiante de la Escuela de Derecho obtuvo un contrato por “servicios relacionados con procesamiento electrónico de datos” con la oficina del Gobernador en tiempos de Luis Fortuño.

El acuerdo entró en vigencia el 13 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año por $10,000, es decir, cerca de $3,000 al mes, aunque el 3 de diciembre se rescindió del contrato.

Un segundo contrato se otorgó el 1 de marzo de 2017 por “servicios de inspección” en la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. Esta vez el acuerdo es por casi cuatro meses y $7,600; cerca de $1,900 al mes.

La joven ha dicho públicamente que estudia a fuerza de préstamos y que el cierre del recinto la ha afectado porque se supone que se gradúe  y tome la reválida este año.

Menéndez González protagonizó un altercado en los portones riopedrenses el pasado 29 de marzo, el segundo día de paro, cuando intentó entrar al recinto “para constatar si yo no tengo clases”, dijo. Allí estuvo acompañada de Luis del Valle, también miembro de la organización de Universitarios Republicanos de la UPR.

Los cinco estudiantes demandaron a la administración de la UPR el 31 de marzo, pero el Tribunal de Primera Instancia de San Juan denegó emitir una orden inmediata por entender que no había argumentos suficientes en derecho ya que quienes limitan el acceso no son las autoridades universitarias.

Los demandantes denegaron incluir estudiantes o personas que “impiden el acceso” en la demanda, pero acudieron al Tribunal de Apelaciones que ordenó el pasado 5 de mayo abrir los portones.

Justo ahí se volvieron a encender las redes sociales gracias a una foto que publicada en Facebook la estudiante Gabriela Firpi junto a Menéndez González en la que aparentaban celebrar la decisión con un mensaje “aquí leyendo la carta que (la presidente interina) Nivia (Fernández) acaba de enviar al correo de @upr.edu”. En la misiva se indicó que se deberían retomar las clases en o antes del 11 de mayo.

También han trascendido fotos del grupo demandante reunido con el profesor José Garriga Picó, también del PNP y férreo opositor de la huelga.

En las redes sociales han tildado el proceso legal y la proyección mediática como “encargo político”